El sindicato CC OO iniciará una campaña en todos los estamentos públicos civiles (Concello, Diputación Provincial, diputados por Pontevedra en el Congreso, etc.,), para pedir el indulto para dos trabajadoras de la piscina de Campolongo, condenadas en sentencia firme a 3 años y un día de prisión, como autoras de un delito de coacción en el derecho de huelga.

A las afectadas, operarias de la piscina municipal con 7 y 20 años de servicio en la empresa, se les condenó por arrojar pintura a la piscina de Pontemuiños, durante la huelga de febrero de 2010 en este sector. El juzgado les acusa además de manchar de pintura la ropa del encargado. El daño en el tanque se valoró en 609 euros y el del traje en 125 euros.

Fueron condenadas en una primera sentencia a seis meses de prisión e indemnización por los daños causados. Pero la fiscal recurrió el fallo y exigió que se aplique la condena en su grado máximo, al considerar que coaccionaron a otras personas para secundar la huelga. Así, en cumplimiento del artículo 315.3 del código penal, la fiscal solicitó una pena de 3 años de cárcel, que fue asumida por la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra en sentencia firme.

Sin actividad sindical

Para el sindicato CC OO -al que no están afiliadas las afectadas, quienes "nunca tuvieron una actividad sindical destacada", como expusieron los representantes de la formación-, la iniciativa de la fiscalía y la condena de la Audiencia no tiene otra finalidad que perseguir el derecho de huelga y atemorizar a los trabajadores a la hora de formar parte de cualquier movilización laboral, por pacífica y tranquila que sea, como fue este caso.

De hecho, esta sentencia se viene a sumar a otras similares con las que se pretende atemorizar a los trabajadores a la hora de ejercer el derecho constitucional a la huelga, como expusieron Juan Luis García Pedrosa, Ramiro Otero y Manu González, representantes de CC OO y del comité de empresa de Sidecu.

CC OO no tiene ninguna duda de que contará con el apoyo de las restantes fuerzas sindicales en la denuncia de esta condena "ideológica, desproporcionada, sin sentido", apuntaron en varios momentos, y pedirán la mediación de responsables públicos como el alcalde de Pontevedra, el presidente de la Diputación o los parlamentarios pontevedreses, para intentar que las trabajadores no ingresen en prisión.

Al margen de la "desproporción" de la pena, los representantes sindicales explicaron que ni siquiera quedó demostrado que fuesen estas trabajadoras las que arrojaron tinte a la piscina, porque "nadie las vio; solo estaban allí como otras sesenta u ochenta personas que se concentraron aquel día", si bien estas mujeres fueron señaladas por los responsables de la empresa al haberlas reconocido.