Nunca ha sido tan cierto eso de que dos no se entienden si uno no quiere, como en el desencuentro que mantienen la Xunta y el Ayuntamiento a cuenta de la cesión de unos terrenos en A Parda para construir el nuevo edificio judicial.
En este caso no es que no quiera uno, sino que no quieren los dos. De ahí seguramente viene la dificultad de discernir cuando se dice toda la verdad, cuando se engaña a sabiendas y cuando se juega con verdades a medias.
Las declaraciones correlativas de Cores Touris en nombre de la Xunta y de García Legísima en representación del Ayuntamiento no han servido para clarificar nada esencial: ni cuál de las dos administraciones es la auténtica responsable de este galimatías, ni quien es la que tiene más culpa en dilatar este importante proyecto. El peloteo va sin rumbo de un lado para otro.
Solo hay una cuestión meridianamente clara donde están mezclándose dos aspectos distintos: una cosa es si está puesta a disposición de la Xunta por parte del Ayuntamiento la totalidad de los terrenos de la discordia, y otra cosa distinta es que la Xunta pueda o quiera seguir adelante con la tramitación del proyecto y adjudicar la obra sin disponer previamente de esa cesión completa por parte del Ayuntamiento. Ambas cuestiones son diferentes, pero no resultan excluyentes.
Sea como fuese todavía más claro parece que este absurdo embrollo se resolvería fácilmente si el Ayuntamiento y la Xunta, o si García Legísima y Cores Tourís dieran un paso atrás y sometieran sus desencuentros a la consideración de los técnicos de ambas administraciones en el seno de la comisión mixta fijada para supervisar la tramitación del proyecto y no reunida hasta ahora por motivos desconocidos.
El meollo de la cuestión está en saber si todas las diferencias entre ambas partes se limitan o no unos terrenos insignificantes para el conjunto del proyecto, que el Ayuntamiento no puede expropiar a Renfe sino únicamente gestionar su cesión para ponerlos a disposición de la Xunta, tal y como ha reconocido el propio alcalde Lores.
