La Diputación de Pontevedra instará al Gobierno de España a la retirada inmediata del anteproyecto que reforma la Ley del Poder Judicial aprobado en consejo de ministros e impulsado por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo acordó ayer por unanimidad la Corporación durante la sesión plenaria que se celebró en el Pazo Provincial. La moción, que presentó el grupo socialista y que obtuvo el respaldo de BNG y PP, incluye también el acuerdo de que la Diputación instará a la Xunta de Galicia a reclamar del Gobierno el mantenimiento de los partidos judiciales de la provincia de Pontevedra. Por último, también se dará traslado de esta resolución a la Xunta de Galicia, al Ministerio de Justicia y a la presidencia del Gobierno.
El acuerdo fue total entre los tres partidos con el texto presentado por los socialistas: "Nosotros no aceptamos la reforma, es algo que ya hicimos público en nuestras comparecencias, por esto estamos a favor de esta moción", señaló el portavoz popular, José Manuel Figueroa, quien añadió que "el actual sistema de partidos judiciales está funcionando razonablemente bien en la provincia". Desde el PP, que confía en que la ley todavía puede ser modificada para que responda a las circunstancias especiales de Galicia y Pontevedra, se lanzó una pequeña crítica al BNG por no haber apoyado una moción contra la reforma de la ley en Vigo.
Los nacionalistas respondieron al PP señalando que en Pontevedra, por ejemplo, su portavoz Jacobo Moreira no solo votó en contra de una moción similar sino que, además, hizo una defensa "encendida" de la ley de Gallardón. Una posición, la de Moreira, que Mosquera criticó por su "incoherencia" antes de preguntar al grupo popular si Moreira, "todavía es su portavoz" municipal en Pontevedra. Mosquera justificó la postura del BNG en Vigo manifestando que en aquella moción no solo se posicionaba en contra de la reforma, "algo en lo que estamos todos", sino que se indicaba que "si la reforma iba adelante se reclamaba que de estar en algún lado la capital judicial tenía que ser en Vigo", explicó el portavoz del Bloque y edil en Pontevedra. En cualquier caso, los nacionalistas se alegraron del "enfoque" de esta moción que huye de "disputas y localismos" y señala que lo importante es hacerle frente a un anteproyecto de ley que, asegura, "no beneficia a nadie, como se está haciendo creer por ahí, ni tan siquiera a Pontevedra, dado que establece la desaparición de las Audiencias Provinciales" y supone el "desvío de recursos" hacia el TSXG en A Coruña.
No localismos, solo hechos
El portavoz del PSOE, Santos Héctor, quiso dejar claro que "quien abre el melón y provoca el caos con esta reforma es el actual ministro de Justicia". También defendió las reclamaciones que realiza la ciudad olívica con respecto a la organización del mapa judicial: "Se habla de localismos cuando Vigo o Pontevedra reclaman alguna cuestión, pero cuando es A Coruña quien la reclama entonces no se habla de localismo". Santos Héctor dijo además que no se pueden "equiparar los casos de Vigo, Santiago o Ferrol" puesto que aseguró que "Vigo es el caso, es la excepción" y recordó que "A Coruña y Santiago juntas no suman tantos procesos judiciales como Vigo". "Incluso la Unión Europea avala a Vigo como caso único, por lo tanto esto no se trata de ningún localismo sino que estamos hablando de una realidad, de la realidad de una ciudad", añadió. El socialista también se preguntó "¿por qué la provincia de Pontevedra no puede tener una Sección del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?, ¿no se puede desdoblar?".
