El tribunal económico-administrativo del Ayuntamiento, un órgano creado en 2007 al amparo de la ley de las grandes ciudades y destinado a tramitar y analizar las quejas y reclamaciones ciudadanas y de otras administraciones por la actividad fiscal del Concello, no ha dejado de ver como crecía su actividad desde su entrada en servicio.
En 2010 tramitó alrededor de 60 quejas, que pasaron a más de 70 al año siguiente, pero ya en 2012 se dispararon hasta las 164 y la cifra siguió creciendo en el ejercicio pasado, triplicando el volumen de dos y tres años atrás. Y es que el mayor impacto de la crisis ha llevado a todos los contribuyentes a mirar con más atención el bolsillo a la hora de comprobar si las liquidaciones municipales son correctas.
A lo largo de estos años de funcionamiento, el tribunal económico-administrativo ha analizado reclamaciones por sanciones de tráfico, peticiones de devolución de ingresos indebidos como los asuntos más abundantes. En este último caso los reclamantes alegan que tienen derecho a la devolución de pagos anteriores por tasas de una licencia que después retiraron.
Se da la circunstancia de que 2013 fue un año en el que la renuncia o caducidad de licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad fue más elevada, con el añadido de que fue también el periodo con uno de los peores registros en concesión de permisos para viviendas o rehabilitaciones, hasta el punto de que por cada licencia otorgada en 2013 para una vivienda, se perdieron ocho.
En todo el año pasado quedaron anulados por renuncia de los solicitantes o porque se agotó el periodo de vigencia sin que se ejecutada obra alguna, un total de 316 permisos (163 por caducidad y 153 por renuncia de los promotores), frente a las 39 licencias para nuevas viviendas. No obstante, sí creció el número de autorizaciones para obras menores, al pasar a 688, un 10% más que en 2012.
