El Concello lamenta que los dueños de la finca del Gafos pretendan "lucrarse" con su ocupación

Desvela que antes de su expropiación ellos mismos la valoraron en 78.000 euros y ahora piden 11 millones - Creen que la sentencia no es "insatisfactoria" para el ayuntamiento

26.04.2014 | 02:12
García Legísima, ayer, en el Concello de Pontevedra. // Rafa Vázquez

El gobierno local de Pontevedra, a través del concejal de Patrimonio y Personal, Vicente García Legísima, lamentó ayer que los propietarios de la parcela ocupada por el paseo del Gafos aprovechen aquel error para "lucrarse". El edil fue el encargado de realizar la valoración del gobierno local sobre el último auto emitido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra que obliga al Concello a abonar a pagar en torno a 5,3 millones de euros por la ocupación de esta finca. Una valoración que García Legísima lamentó que tuvieran que realizar sin tener conocimiento de la resolución judicial nada más que por la prensa, ya que todavía no les había sido notificada por el juzgado, y fiándose de las informaciones periodísticas, entre ellas la de FARO, que ayer adelantaba el contenido del fallo judicial. Una situación por la que manifestó el "disgusto" de todo el ejecutivo pontevedrés.

En todo caso, García Legísima indicó que el gobierno local "no está insatisfecho" con lo que dispone este último auto judicial, "ni mucho menos". Y es que el edil considera que la decisión del tribunal se acerca más a los postulados que defendió el Concello que a las tesis de los dueños de la parcela usurpada. Explicó que el origen de este conflicto está en la construcción del actual paseo del río de Os Gafos, cuando se puso a disposición de Augas de Galicia de los terrenos necesarios para la senda fluvial y el organismo dependiente de la Xunta de Galicia "se extralimitó con la ocupación del terreno". Dicha usurpación dio lugar a la reclamación de los propietarios de la parcela. Vicente García Legísima afirma que ya entonces se apreció el error y el ayuntamiento, como primera opción para reconducir la situación, ofreció restituir el terreno a sus propietarios. Sin embargo, el TSXG concluyó que la parcela debería ser expropiada. Aquella sentencia, según Legísima, incluía dos errores. El primero, que fijaba la superficie "en mil metros más" de lo expropiado inicialmente, y el segundo que "se calificaba el terreno de manera indebida como suelo urbano consolidado y no rústico".

El gobierno local considera que, partiendo de esos dos "errores", el juzgado realiza una valoración de la finca "más próxima a lo que señalaba el Concello" que la que hacen los dueños. Asegura que el ayuntamiento ya contaba con abonar una cantidad cercana a los 4 millones de euros si se aceptaba su propuesta de valoración, de 1,8 millones (sin contar los dos "errores" anteriores), a la que había que sumar los intereses y otro 25% correspondiente a la multa. La resolución judicial fija finalmente el valor de los terrenos en 3,2 millones de euros cantidad que, con los intereses y la multa, superará los cinco millones.

Petición "desmesurada"

En frente, sitúan la postura de los propietarios de los terrenos que reclamaban ante el juzgado el pago de 11,6 millones de euros, a los que habría que sumar otros tres millones de intereses. Desde el Concello destacan que en la vista incluso llegaron a solicitar una cantidad superior a los 19 millones de euros. Los propietarios ya anunciaron que recurrirán el fallo del juzgado de lo Contencioso para intentar obtener esta valoración de 11,6 millones que ellos consideran justos, frente al Concello que ven sus pretensiones como "desmesuradas".

En cualquier caso, para García Legísima y el gobierno local, "algo funciona mal en este país cuando es posible realizar este tipo de peticiones". Sobre todo, teniendo en cuenta que, según desveló, los propios dueños de la finca que ahora reclaman once millones tan solo valoraban los terrenos en 73.000 euros en el año 2006 en un documento de aceptación de herencia y en 87.000 euros en otra escritura de 2007, año en el que se inició el proceso que acabó con la expropiación de los terrenos. Unas cantidades por las que el Concello suponen que estarían tributando.

La cuestión la resolverá de forma definitiva el TSXG dado que los propietarios ya han anunciado recurso. El Concello desconoce si finalmente apelará, a la espera de que sus servicios jurídicos analicen el auto judicial que, insistían, ayer todavía no habían recibido.

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