Durante el primer semestre del año, los proveedores del Concello lograron cobrar sus facturas en un plazo medio de 18,57 días, el periodo más corto alcanzado desde que el Gobierno central implantó las medidas para agilizar estos abonos y que exigen saldar las facturas en menos de un mes. La medida afecta también a las inversiones del Concello. Según el informe financiero elaborado por la Intervención municipal, en los tres primeros meses de este año se realizaron pagos por importe de 8.784.209,91 euros, de los que 8.440.706 euros se saldaron en plazo o por debajo del mes exigido. Esta cantidad corresponde a un total de 979 facturas. En cambio, 46 recibos, que suman 343.503 euros, aún se excedieron de esos 30 días exigidos, según informó ayer el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo. En este último caso, el tiempo de desfase sí que ha crecido ya que 2013 acabó en 24 días de demora por encima del plazo legal y ahora ya son 41. Como destaca el propio informe aquí si se constata un "ascenso significativo".

Para las facturas pagadas conforme a lo exigido se bajó de 29 a 18 días, si bien en 2014 el Gobierno central introdujo ligeras variaciones en el sistema de cómputo de los días que otorgan más tiempo al Concello. En un reparto más detallado se aprecia que aquellas facturas que se pagan tarde se concentran en un periodo por encima de los tres meses, problema que afectó a unos 127.000 euros. Entre otras razones para justificarlo, González Carballo explicó que los servicios municipales todavía arrastran varios problemas que dificultan un recorte aún mayor del tiempo de espera, y que se centran en la existencia de empresas que arrastran deudas con Hacienda, ministerio que debe informar previamente antes de efectuar el pago (por si hubiera lugar a retenciones por su parte) y también con aquellas en situación de crisis y concurso de acreedores.

Por todo ello, el informe sobre este asunto, que será debatido en el pleno del próximo lunes, se incide en la "necesidad de la implicación de todos los servicios gestores del gasto para mantener la agilidad, sin que esto suponga un detrimento de los controles y la fiscalización".