Ha casi una década de pleitos constantes entre Sogama y el Concello, que una sentencia de octubre pasado, que daba la razón a la empresa pública, parecía zanjar. Sin embargo, medio año después, el gobierno local y Sogama siguen sin ponerse de acuerdo sobre el canon que Pontevedra debe abonar a la compañía por cada tonelada de basura que se envía a la planta de Cerceda. Los 81 euros que reclama a día de hoy (tras la aplicación del "tasazo" desde el 1 de abril pasado) la empresa pública son reducidos a 54 por el ayuntamiento. Pontevedra esgrime un contrato propio, que incluye una cláusula energética que hace variar el canon, cláusula que no reconoce Sogama y, desde octubre pasado, tampoco los tribunales.
De este modo, desde 2008 hasta ahora, la deuda que acumula Pontevedra, según Sogama, ya supera con creces los 4,5 millones de euros, y a esa cifra se debe añadir un millón más intereses que la compañía no está dispuesta en modo alguno a perdonar, a la vista de la precaria situación financiera que atraviesa y que le llevó a subir unilateralmente sus tarifas a todos los concellos asociados en un 34%.
Este último "tasazo" ha soliviantado a los municipios, con especial malestar en los gobernados por BNG y PSOE, que buscan fórmulas para reducir ese impacto económico. Pero en Pontevedra, los nacionalistas apuestan por una vía propia, que incluyó subir la tasa a los vecinos para pagar ese "tasazo" para después anunciar que no se usaría con ese fin. Esta postura provocó el rechazo frontal no solo del PP municipal, sino también de los socios del BNG en el Concello, el PSOE de Antón Louro, que ha forzado un acuerdo que obligaría a devolver a los ciudadanos el euro mensual previsto para Sogama si finalmente el Concello gana esta batalla.
Sin embargo, la victoria no parece fácil. En octubre de 2013, tras años de sentencias contradictorias, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), unificó su doctrina y refrendó la tesis de Sogama. Cuando parecía que el asunto quedaba zanjado, el Concello echó mano de una última y definitiva carta: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El gobierno local entiende que el último fallo del TSXG vulnera un derecho fundamental, el de "tutela judicial". Esgrime al respecto el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, que la sentencia de octubre pasado solo podría entender de una supuesta infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma, y los servicios jurídicos municipales aseguran que no se da ese supuesto, por lo que el citado fallo sería recurrible ante el Constitucional, de ahí esta medida extrema que, además es la última vía a la que podría acudir el Concello.
Desde hace dos meses se aguarda por un pronunciamiento del Constitucional. De entrada, que admita a trámite el recurso municipal, con lo que Pontevedra ganaría tiempo en este largo conflicto, el que tarde el alto tribunal en analizar el asunto. Sea como sea, las esperanzas municipales no parecen muy elevadas.
El recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por Sogama ante el TSXG hacía alusión directa a la reclamación de las facturas comprendidas entre los meses de agosto y diciembre den 2008, lo que supone la cantidad "de 304.265,02 euros en concepto de principal, más los intereses de demora y los intereses legales devengados desde la interposición del recurso". Sin embargo la empresa sostiene que "este criterio judicial regirá la resolución de los procesos pendientes, que ascienden a más de doce", cuya cuantía total ya supera los 4,5 millones en la actualidad y otro millón de intereses.
