En febrero de 2013, el TSXG dio la razón al Concello al aceptar su interpretación sobre el contrato, según la cual Pontevedra aplica una cláusula específica sobre la energía eléctrica de modo que cuanto más suba el precio de la luz, menos paga a Sogama por el tratamiento de la basura. La empresa pública sostuvo siempre que esa cláusula está anulada desde 1999 y recurrió de nuevo al alto tribunal gallego, que en octubre enmendó su fallo anterior y determinó que el canon único para el tratamiento de residuos que fijó para todos los municipios de Galicia es también de aplicación en Pontevedra.

Ese canon se sitúa en la actualidad en unos 81 euros por tonelada, lo que supone un 34% más que hasta el 31 de marzo, una subida derivada de la eliminación de las ayudas a las energías renovables, una de las fuentes de ingresos de la compañía pública. Pero esa misma supresión obligó al Concello a revisar su propio cálculo, con lo que los 32 euros que pagaba en 2013 han pasado ahora a 54. Aún así, hay 27 euros de diferencia con lo que exige Sogama. Si se tiene en cuenta que el municipio entrega cada año a la empresa más de 30.000 toneladas de basura (unas 2.500 al mes), el "agujero" crece desde ahora a razón de 65.000 euros mensuales.