La Asociación de Autopatronos del Taxi Rías Baixas emplaza al Concello de Marín a agilizar los trámites para aprobar el nuevo reglamento que regule el servicio en la villa, para lograr un "correcto funcionamiento". La agrupación critica que el gobierno local "hizo caso omiso" a sus peticiones, planteadas en dos reuniones mantenidas con el concejal de Tráfico. Tras los encuentros de los Autopatronos del Taxi Rías Baixas con el edil Francisco Estévez, "no obtuvimos ningún resultado positivo", manifestó el colectivo a través de un comunicado. "La situación se agrava para nosotros ante la falta de un reglamento adaptado a la ley que aprobó la Xunta en junio del año pasado y que, entre otras cosas, obliga la instalación del taxímetro".
La agrupación profesional viene denunciando ante el gobierno local de Marín la problemática que está sufriendo este sector. Entre las carencias detectadas destaca "el incumplimiento de la salida por orden, el cobro de facturas inferiores a las autorizadas por la Xunta de Galicia y el Concello de Marín, la promoción de números individuales para la prestación del servicio público de taxi, el transporte de mercancías perecederas, o la competencia desleal en general".
Moción
La asociación de autopatronos tuvo acceso al texto de la moción que presentará el BNG al pleno en relación con este asunto, así como al contenido del reglamento propuesto. "Después de estudiar el reglamento presentado por el BNG, consideramos que cumple con la normativa vigente y que solucionaría muchos de los problemas que venimos denunciando desde el año 2011", afirman. Por lo tanto, desde esta asociación "no nos queda más que mostrar nuestro total apoyo a la propuesta de reglamento presentado por el BNG de Marín", expone "Rías Baixas".
La directiva de la agrupación está ahora a la espera de una reunión con el gobierno local (que ya ha solicitado), con el fin de valorar dicha normativa, dado que el plazo para su aprobación y para la instalación de taxímetro en los vehículos concluye el 14 de junio, "y el tiempo es ya muy limitado", recuerda este colectivo profesional.
"La Administración, en este caso el Concello, debe intervenir para garantizar el interés público y la calidad en la prestación del servicio", expuso la portavoz del BNG, Pilar Blanco.
