La memoria del Plan Nacional sobre Drogas destaca que una de las "características especiales del ejercicio de 2013 ha sido "el inusitado y significativo incremento del número de inmuebles decomisados por sentencia judicial firme" que pasó de un total de 10 en 2011 y 2012 a 173 en el año 2013. Estos 173 inmuebles corresponden a un total de 19 procesos judiciales de los que la "Operación Cormorán" contra el blanqueo de capitales, juzgada por la Audiencia de Pontevedra, es el segundo más extenso. De hecho, solo lo supera un procedimiento de la Audiencia Nacional que ordenó el comiso de 58 inmuebles en Las Palmas, Málaga y Madrid, frente a los 57 del patrimonio de "Pelopincho". El Plan Nacional destaca la complejidad para subastar algunos inmuebles que tienen propiedad compartida, de tal forma que no queda más remedio que acudir al juzgado para reclamarlos por la vía civil.
Alertan de que es también muy frecuente la integración en el fondo de inmuebles con elevadas cargas (embargos o hipotecas) lo que supone en muchos casos el incremento de los costes de gestión para levantar las mismas y en bastantes casos la imposibilidad de proceder a su venta. En aquellos supuestos en los que tienen todavía una hipoteca pendiente de liquidar por una cantidad superior al precio de tasación de los inmuebles. En estos casos, al Estado no le cabe sino esperar a la ejecución hipotecaria judicial de la finca que acaba en manos del banco.
Comisos en Pontevedra
Según las estadísticas del Plan Nacional, la provincia de Pontevedra concentra la práctica totalidad de los decomisos realizados en Galicia por tráfico de drogas o blanqueo. Por sentencia firme pasaron a formar parte del patrimonio del Estado un total de 66 inmuebles, 9 embarcaciones, 3 lotes de joyas y una flota de 38 vehículos.
