Los funcionarios de los juzgados rechazan la reforma y temen que se amorticen plazas

Los trabajadores advierten de que ya no se están convocando en los concursos algunas plazas vacantes - Creen que la centralización "aleja a los ciudadanos de la Justicia"

09.04.2014 | 01:22
Los funcionarios se concentraron contra la "privatización" del Registro Civil y con una pancarta contra la reforma del Poder Judicial. // R. V.

Colegio de Abogados, asociaciones de jueces, políticos y también los funcionarios. El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros está provocando recelo en todos los sectores involucrados en la administración de Justicia. También en Pontevedra, a pesar de que la ciudad se vería hipotéticamente "beneficiada" al asumir, como capital, la sede de ese Tribunal de Instancia único al frente de un partido judicial uniprovincial.

Los funcionarios de la administración de Justicia manifestaron su oposición a la ley aprovechando una de las concentraciones que están llevando a cabo para "salvar" la oficina del Registro Civil de su "privatización". A la pancarta para solicitar que este servicio siga siendo público se sumó ayer otra en contra de la reforma aprobada el viernes y que impulsa el ministro Gallardón. "No a la reforma de la LOPJ, Justicia para todos de calidad, universal y gratuita", se podía leer.

Lola Filgueira, miembro de la junta de personal de los juzgados pontevedreses, explica que, a falta de un análisis más detallado del contenido de la ley, son dos aspectos de la reforma los que más que preocupan a los funcionarios y sindicatos de la administración de Justicia en Pontevedra: Por un lado, el proyecto "aleja la Justicia de los ciudadanos" al unificar todos los partidos judiciales y por otro prevén que va a conllevar la amortización de un gran número de plazas de funcionarios debido a esta centralización de los órganos de la administración de Justicia.

Adiós a los juzgados de paz

El anteproyecto plantea la creación de los ya famosos Tribunales de Instancia que tendrán su sede en la capital de la provincia, algo que para los funcionarios va a suponer "un mayor número de desplazamientos para los ciudadanos", no solo al desaparecer los actuales juzgados de Instrucción en las cabeceras de partido judicial, también al eliminar los juzgados de paz en cada ayuntamiento.

Supone también una reforma total en todas las jurisdicciones y es además "una ley que no ha sido consensuada" por parte del Partido Popular y que, destacan, incluso genera discrepancias entre integrantes de este mismo partido.

Filgueira recuerda que el anteproyecto también recoge la supresión de las Audiencias Provinciales tal y como están concebidas actualmente, asumiendo este tribunal único provincial el conocimiento de los asuntos en primera instancia pero derivando los recursos al TSXG en A Coruña.

Los funcionarios creen que esta revolución en la organización del sistema judicial va a acabar afectando también a la plantilla de trabajadores de la Justicia en Pontevedra. La primera consecuencia de la medida sería la redistribución de todos los funcionarios judiciales para integrarlos en ese órgano provincial único con lo que todo ello supone en cuanto a la movilidad de los trabajadores públicos. Creen que la centralización va a suponer también la amortización de numerosas plazas vacantes, a mayores de las que ya están previstas en el plan diseñado por la Xunta. De hecho, aseguran que en los últimos concursos de traslados convocados ya no están saliendo plazas que se encuentran actualmente vacantes y que no están incluidas en el citado plan de amortizaciones. Ven en esta maniobra una señal de hacia dónde va encaminada la citada reforma: una nueva reducción de personal en los ya saturados juzgados.

Temen incluso que se acaben por eliminar algunas plazas que ahora ocupan los funcionarios en los juzgados de paz o las audiencias provinciales, órganos que desaparecen con la reforma.

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