La gestión del ingente patrimonio decomisado al narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho", se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Estado y concretamente para el Plan Nacional Sobre Drogas, organismo encargado de administrarlo con el objeto de sacar el mayor rédito posible para las arcas públicas. Así lo reconoce el Comisionado en el informe anual sobre la actividad de este organismo y que recoge expresamente el expediente derivado de la "Operación Cormorán" contra el blanqueo de capitales como uno de los tres más complejos que tienen actualmente entre manos.

El Plan Nacional Sobre Drogas destaca que en febrero de 2013 recibieron la sentencia firme que ratificaba la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra a los testaferros de Pouso Rivas, actualmente desaparecido, y que ponía en manos del Estado un patrimonio valorado inicialmente en 15 millones de euros y que el paso del tiempo acabó devaluando en cinco millones de euros. Nada más recibir la sentencia, en el Plan Nacional sobre Drogas se puso manos a la obra para gestionar dicho patrimonio. "Sin embargo, los resultados no están siendo totalmente satisfactorios", indican en el informe del propio Plan, "por cuanto en un número importante de casos, no ha sido posible inscribir las fincas registrales decomisadas en los correspondientes Registros de la Propiedad por diversas circunstancias". En concreto, el Estado no ha logrado hacerse todavía con la propiedad de 41 de los 57 predios decomisados a "Pelopincho" entre ellos pisos, locales comerciales, chalés, casas, fincas rústicas y hasta algún establecimiento hostelero.

Entre estas circunstancias a las que alude el Plan Nacional sobre Drogas está, por ejemplo, la ausencia de una identificación exacta de las fincas que deben inscribir. También el hecho de constar estos bienes a nombres de terceros (en principio, personas físicas o jurídicas que no formaron parte del proceso penal). Cabe recordar que el abogado pontevedrés, Manuel Franco Argibay fue condenado por diseñar para "Pelopincho" este complejo entramado de testaferros o empresas para intentar ocultar la verdadera titularidad de los bienes del narcotraficante. Una maraña que ahora intenta desenredar el Plan Nacional sobre Drogas.

Con respecto a las 15 fincas que sí pudieron ser inscritas a nombre del Estado, la situación de las mismas "tampoco ha estado exenta de problemas". Tal y como explican, se han encontrado con inmuebles "que estaban ocupados de forma ilegal, habiendo debido ser desalojadas". Fuentes de la Fiscalía constataron hace años que en alguno de los casos, había negocios que seguían estando regentados incluso por algunos de los condenados en el marco de este proceso.

También señalan que otras fincas tienen contratos de alquiler en vigor, que han de ser respetados (pasando el Estado a desempeñar el papel de casero) y, por último, otro grupo tiene "elevadas cargas, muy cercanas a su valor de tasación, lo que hace "complicada y escasamente rentable".

Solo dos adjudicaciones

En definitiva. y ante todas las dificultades encontradas, el Plan Nacional sobre Drogas tan solo fue capaz de sacar a subasta hasta el momento 7 de los 57 inmuebles incautados a "Pelopincho", habiéndose adjudicado dos de ellas y quedando las otras cinco desiertas por falta de postores.