La aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial no contenta a nadie. La eliminación de todos los partidos judiciales para crear uno único en la provincia, con la cabecera en la capital se ha optado con el rechazo, o al menos el recelo, de todos los sectores implicados. Incluso el alcalde de la ciudad del Lérez, Miguel Lores, considera que la medida impulsada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón es perjudicial para los vecinos de las comarcas de Pontevedra, por cuanto supone "alejar los servicios de los ciudadanos" . Los alcaldes de Marín y Caldas, cabeceras de los otros dos partidos judiciales de la comarca, reivindican que se mantenga el estatus actual.
Representantes del mundo judicial, como el juez decano de Pontevedra, Miguel Aramburu, o el titular del Colegio de Abogados, Ramón Jáudenes, expresaron también su rechazo inicial al anteproyecto. Si bien Aramburu aplazó una valoración más exhaustiva a la lectura a fondo de la norma dejó claro que, "en principio, lo que he visto por los medios de comunicación no me gusta, no me gusta nada", manifestó el juez decano de Pontevedra. "Solo conozco las informaciones de prensa, todavía no he tenido acceso al texto íntegro, pero lo poco que he visto no me ha gustado", explica el juez, quien a renglón seguido admite que "puede tener algunas cosas buenas pero, en principio, lo del mapa judicial no lo comparto".
También el decano del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra expresaba sus recelos al anteproyecto de ley. Ramón Jáudenes recuerda que esta entidad profesional ya se ha posicionado en contra de la supresión de partidos judiciales en anteriores ocasiones. Los abogados defienden el mantenimiento de la estructura actual y creen que la unificación de partidos "no es operativa, no es práctica, no es útil, como tampoco es necesaria", afirma el portavoz de los abogados.
Jáudenes recuerda que en junio de 2012, este colegio oficial presentó un informe sobre la propuesta de una nueva demarcación judicial, en la que a lo largo de 24 páginas desgranaba los motivos por los que consideran perjudicial la unificación de los partidos judiciales por provincias.
Dicho informe justifica el mantenimiento de la planta actual, con una distribución de juzgados cuya inversión ya se ha realizado y que no creen conveniente alterar.
Para el Colegio de Abogados de Pontevedra la solución para la Administración de justicia pasa por dotar de más medios a los juzgados, "por tener más jueces, sistema informáticos realmente modernos (como los de otros ministerios) y leyes procesales que son mejorables", explica Jáudenes.
En cuanto al mapa judicial, argumenta que "cada territorio es distinto y habrá que tener en cuenta las singularidades de cada lugar, como en Pontevedra, cuya población se encuentra muy dispersa", explica. En este sentido "esperamos una respuesta acertada sobre este tema en el informe que deberá hacer la Xunta de Galicia", apunta el decano de los abogados.
La presidenta de la junta de personal provincial de los funcionarios judiciales de Pontevedra, Mercedes Vázquez Piñeiro, califica como una aberración las últimas modificaciones puestas en marcha por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. "Empezaron con el cobro de tasas judiciales, continuaron con los cambios en el Registro Civil y ahora quieren extinguir los partidos judiciales. Se trata de una estrategia para alejar a los ciudadanos de la Justicia", explica la delegada sindical.
La representante de los trabajadores judiciales considera que antes de tomar decisiones como ésta, deberían tenerse en cuenta la carga de trabajo de los Juzgados y la dispersión de la población.
Mercedes Vázquez, que participa en la asociación S.O.S. Xustiza, nacida en la provincia "para luchar contra la demolición de la justicia y del estado de derecho", pone a disposición de funcionarios, ciudadanos, abogados y procuradores de los partidos judiciales de Cambados y Vilagarcía esta organización para reivindicar cambios que impidan la destrucción del actual sistema organizativo judicial.
La delegada sindical explica que el nuevo anteproyecto de ley es una de las tantas formas del Gobierno para alejar la justicia de los ciudadanos. Pero hay otras medidas como restar horas de trabajo de atención al público para hacer labores de archivo.
