El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón lanzó ayer su anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una reforma clave que redefine el mapa judicial y que realiza una clara apuesta por el criterio provincial, al situar a la ciudad de Pontevedra como cabecera de todo ese territorio. El texto al que acaba de dar luz verde el Gobierno, que supone la desaparición del modelo de partidos judiciales tal y como se conoce en la actualidad , supone la creación de tribunales de instancia con circunscripción provincial y con sede oficial en la capital. Los demás municipios con juzgados se convierten en sedes desplazada de esa demarcación provincial y pierden su partido judicial.

El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un texto que sienta las bases de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial, también en fase de reforma, fue aprobado ayer en la reunión del Consejo de Ministros a propuesta de Gallardón. El modelo por el que apuesta el ministro de Justicia se conoce así justo un año después de el sector judicial y político de Vigo comenzara a movilizarse contra la supresión de su partido judicial tras conocerse el informe de la comisión de expertos que proponía una única sede en la capital provincial.

Tribunal uniprovincial

"Los tribunales provinciales de instancia tomarán el nombre de la provincia (en este caso Pontevedra) y tendrán su sede oficial en la capital", se señala en la exposición de motivos del anteproyecto, donde se avanza que pese a que el modelo definitivo por el que se apuesta "debe tender a la concentración en una sede de todos los efectivos judiciales", habrá medidas "encaminadas a flexibilizar la "regla general" ya que "no puede desconocerse la diversa realidad geográfica de nuestro territorio ni los esfuerzos realizados por las autoridades competentes en infraestructuras judiciales".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gallardón avanzó que este modelo provincial "no supondrá la desaparición de ningún juzgado en España". "Se mantendrán como sedes desplazadas todas las unidades judiciales" añadió. Los requisitos para la creación o mantenimiento de estas delegaciones de la sede oficial en la capital son criterios de volumen y dispersión de población, carga de trabajo o distancia de la sede desplazada a la capital... "y de acuerdo con las Comunidades Autónomas", que dispondrán de un año desde que entre en vigor la ley para remitir al Gobierno su propuesta en materia de organización en materia de organización territorial, que deberán contar con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Sin perjuicio de que el reparto provincial de asuntos sea una realidad a los seis meses de entrada en vigor de esta ley, la estructura de la demarcación judicial se supeditará a la de la Ley de Demarcación y Planta.

Los restantes partidos ahora existentes se integrarían en el tribunal uniprovincial, cuya sede oficial estaría en la capital, donde también estaría el presidente del tribunal de instancia y desaparece la figura de los jueces decanos.

Tras la aprobación del anteproyecto, ahora se abre un período en el que, antes de que avance hacia proyecto de ley, habrá que consultar al Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de la Abogacía y otros órganos pertinentes.