Lores impide intervenir en el pleno a los opositores al crematorio y el BNG ya presagia que "no se hará"

Los vecinos pidieron al alcalde, sin éxito, leer un manifiesto para reclamar un "mediador" en el conflicto - El PP reclama que se paralice el proceso y Mosquera dice que "la empresa ya está más interesada en la indemnización"

01.04.2014 | 02:08
Los opositores al crematorio de San Mauro regresaron ayer al pleno. // Rafa Vázquez

El conflicto social y urbanístico de los crematorios podría dar un giro de 180 grados en las próximas semanas si se confirman los augurios que lanzó ayer el grupo municipal del BNG en el Concello. El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, anunció en el pleno de ayer (aplazado una semana por el fallecimiento del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez) que la empresa que promueve las instalaciones detrás del cementerio de San Mauro, Funespaña, "está ya más interesada en conseguir la indemnización (por no conseguir llevar adelante su proyecto" que por ejecutarlo y probablemente no se haga, con lo que Pontevedra se quedará sin crematorio, que tampoco pasa nada por carecer de él". Este presagio de los nacionalistas fue efectuado en medio de un nuevo debate entre los tres grupos municipales sobre la polémica que desde hace año y medio sacude al Concello por la puesta en marcha de este tipo de instalaciones.

En la sesión de ayer estuvieron de nuevo presentes miembros de la plataforma vecinal Crematorios Non Pontevedra Leste, que además de desplegar sus pancartas y lanzar críticas al gobierno local (especialmente al concejal de Urbanismo, Antón Louro), chocaron con la negativa del alcalde, Miguel Fernández Lores para intervenir en la sesión con el fin de leer un manifiesto sobre la "contaminación" de estos hornos y para pedir un "mediador" en el conflicto. Uno de los portavoces vecinales esgrimió que había presentado por Registro una petición previa para intervenir en el pleno, pero el alcalde le contestó que "hay informe negativo del secretario", por lo que vetó la declaración. Aún así, el portavoz entregó el escrito a los concejales y el portavoz del PP Jacobo Moreira lo leyó para "ser la voz" de los opositores al crematorio. En el manifiesto, la plataforma pide "rigor" al gobierno local sobre este asunto, denuncia la "contaminación por mercurio" que generan los crematorios y aboga por "el concurso de un mediador comunitario profesional que ayude a un entendimiento entre las partes para solucionar el conflicto".

A Reigosa

Este largo problemas regresó ayer al pleno a raíz de una nueva propuesta al respecto del PP, para que el Concello paralice el proyecto de Funespaña en San Mauro, se negocie con la empresa una ubicación alternativa (que la oposición sitúa en A Reigosa-Ponte Caldelas) y se desista de modificar el Plan Xeral ahora en tramitación. Tanto Antón Louro como César Mosquera dejaron claro que mantener el PGOU como está ahora "significa abrir la mano para que se instalen todos los crematorios que quieran las empresas en cualquier sitio", al tiempo que también se corre el riesgo de que haya que indemnizar "con 5, 6 o 7 millones de euros" a Funespaña si finalmente no se autoriza su crematorio. Y es que este proyecto detrás del cementerio de San Mauro acumula una década de tramitación municipal, con innumerables trámites e informes cumplimentados por la compañía y votos unánimes (incluidos los del PP) a favor del proyecto hasta 2009, por lo que un veto urbanístico a su ejecución "podría dar lugar a reclamaciones" por parte de Funespaña. Según Mosquera, a la vista de la polémica surgida en la ciudad, este empresa "está ahora más interesada en esa indemnización que en hacer el crematorio". Otras fuentes municipales confirmaron ayer que la empresa matriz de Funespaña, la aseguradora Mapfre, ha excluido de sus presupuestos de 2014 la ejecución de nuevos crematorios en España, lo que aplazaría el proyecto pontevedrés. De hecho, desde hace meses no hay nuevos avances en esa iniciativa detrás del cementerio de San Mauro.

Dedicaciones exclusivas

El debate sobre los crematorios centró buena parte del pleno municipal de ayer, que se prolongó más de cuatro horas, pero la sesión volvió a contar con su habitual cuota de debate sobre las dedicaciones exclusivas y salarios del PP, retirados en julio de 2012 por el gobierno local y aún no repuestos pese a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló aquella supresión. En el pleno de ayer, el alcalde volvía a llevar el asunto para "corregir los errores formales" de la sesión de hace un mes, cuando se aprobó, con el voto en contra del PP, un acuerdo por el que se "da cumplimiento" a la citada sentencia pero sin devolver dedicación exclusiva alguna a la oposición.

El portavoz del PP, Jacobo Moreira, anunció ayer que su grupo ya ha acudido una vez más al juzgado para recuperar esos salarios, con un recurso judicial contra el acuerdo plenario de hace un mes al entender que "con él no se cumple la sentencia del TSXG y supone en la práctica una nueva represalia" como así calificó el alto tribunal gallego en diciembre pasado la decisión del gobierno local. Moreira explicó que este nuevo recurso contencioso-administrativo insiste en considerar viciadas las actuaciones municipales sobre este asunto "ya que se basa en unas cuestiones económicas que no se justifican". El recurso, que afecta a un acuerdo plenario de hace un mes, probablemente se extienda al acordado ayer, toda vez que es básicamente similar al de entonces.

Paralelamente, los cuatro concejales del PP afectados por la supresión de salarios de julio de 2012 (María José Rodríguez Teso, María Biempica, Ricardo Aguilar y Pablo Fernández) solicitan por su parte la ejecución de la citada sentencia del TSXG, de modo que sean los jueces los que ordenen de modo efectivo al Concello el abono de las nóminas no cobradas durante este último año y medio, y se le reintegren los salarios a partir de ahora.

Las "disculpas" del PSOE

Este polémica volvió a enfrentar ayer a los tres grupos, si bien el PSOE introdujo una variante en su discurso con el que pretende "marcar distancias" con el BNG, pese a que hasta el momento ambos equipos se muestran plenamente de acuerdo. Así, el edil socialista Agustín Fernández, tras dejar claro que "apoyamos" la moción de ayer del alcalde, quiso subrayar que "es el momento oportuno para pedir excusas a los ciudadanos por la imagen que estamos dando "pleno tras pleno con una pugna constante por unos sueldos. Calificó de "lamentable" que esta discusión siga abierta, lo que contribuye al "descrédito" de los políticos y "si esto es el centro del debate, algo está bastante mal en la política municipal". Culpó al portavoz del PP de que no se haya zanjado el conflicto por su "cabezonería, que hace trizas a su grupo y lo lleva por el despeñadero" pero también admitió que el bipartito (a su juicio especialmente el BNG) realiza en este asunto "una gestión manifiestamente mejorable, con algo de trapallada". Por ello, abogó por la "sensatez" y expresó su deseo de que "sea la última vez que venga a un pleno un asunto que es un auténtico bochorno".

Desde el grupo nacionalista fue el concejal de Personal, Vicente García Legísima el que replicó y llegó a echar en cara del PP que "no aportan ninguna justificación para necesitar esas dedicaciones exclusivas que con tanto ahínco defienden".

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