El presidente de la Diputación y del PP provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, fue citado esta mañana a declarar por la Fiscalía Provincial de Pontevedra en el marco de unas diligencias abiertas en las que se investiga si hay o no un presunto delito económico, en relación con el alquiler de tres locales de su propiedad en el barrio de Navia, en Vigo. Desde el Ministerio Público se limitaron a confirmar la comparecencia de Louzán en calidad de "investigado", acompañado por un abogado y con la posibilidad de acogerse al derecho a no declarar. Louzán habría optado por no declarar.

Sí habló esta mañana ante los medios de comunicación para negar que haya habido afán de pagar "ni por debajo ni por encima" del precio de mercado. Efectivamente, dijo, negoció con el diputado popular Severino Reguera (concejal en Pazos de Borbén) esos alquileres que forman parte de un mismo negocio a un precio que entiende fue ajustado. De hecho, fueron a una asesoría para que marcara el coste en función del precio de mercado.

Reguera fue citado el pasado martes para comparecer ante el fiscal y tampocó prestó declaración. El arrendatario, que figura en varios negocios dedicados a la venta al por menor de pan en la comarca de Arousa, gestiona una panadería-confitería con parque infantil que ocupa cinco locales en la calle Teixugueiras, tres de esos bajos serían propiedad de Louzán.

Una denuncia anónima

El presidente de la Diputación indicó que fue una denuncia anónima presentada el 12 de marzo de 2013, que se planteó tras la publicación de bienes realizada por los miembros de la corporación provincial, la que dio lugar a la investigación. "Últimamente parece que suele suceder mucho", apostilló antes de destacar que "es una cuestión que pertenece al ámbito privado y no tiene nada que ver con la institución".

Ya en su declaración de bienes quedaba recogida la propiedad de esos tres locales comerciales cuyo precio de alquiler -están arrendados desde 2008- es objeto de investigación y sobre los que, matizó, "se pagan todos los impuestos". Ahora, Fiscalía deberá decidir si judicializa el caso o archiva las diligencias, ya que hasta el momento no se ha producido ninguna imputación, tal y como confirmó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro.

Louzán señaló que es difícil saber el valor de mercado del año 2008, cuando se negoció el precio, pero que la diferencia con el actual es evidente. De momento, Fiscalía ha prorrogado el plazo para determinar si judicializa el caso o archiva las diligencias.

El presidente de la Diputación, que entró en los juzgados de A Parda por la puerta principal, abandonó el edificio por una salida trasera. También estaba citada a declarar en la sede del Ministerio Público en la ciudad del Lérez su esposa. Ambos comparecieron ante el fiscal especializado en delitos económicos, Augusto Santaló, que investiga el caso.Tras estas declaraciones, la Fiscalía deberá ahora decidir si archiva estas diligencias o, por el contrario, sigue adelante con ellas. De momento es una investigación realizada por la Fiscalía de Pontevedra y no está bajo la jurisdicción de ningún juzgado.