El esperado juicio por la mayor operación contra la pesca ilegal utilizando explosivos en Galicia se desarrolló según el guión que estaba previsto. Los siete acusados (cinco armadores y patrones, además de un marinero, así como el supuesto suministrador del explosivo) aceptaron penas de dos años de prisión tal y como habían pactado una semana antes con la Fiscalía Provincial de Pontevedra.
A cambio, reconocieron los hechos que les imputaba el fiscal David de la Fuente, según el cual, adquirían y hacían acopio de cartuchos de dinamita de la marca Riodin, fabricada por Maxan y comprada en Portugal, que luego destinarían a la pesca ilegal especialmente en la campaña de la sardina previa al San Juan del año 2010. A cambio de reconocer los hechos, la Fiscalía rebajó sensiblemente la pena de prisión que reclamaba para los siete acusados por un delito de tráfico, tenencia y almacenamiento de explosivos y que inicialmente era de cinco años de prisión. Al aceptar estos dos años, ninguno de los siete acusados deberá ingresar en prisión, ya que no cuentan con antecedentes penales. El fiscal ya adelantó en el breve juicio que se celebró ayer que informará favorablemente sobre una suspensión de la pena de prisión con la condición de que ninguno de los procesados vuelva a delinquir en el plazo de dos años. Eso sí, en el acuerdo firmado con la Fiscalía se mantiene la inhabilitación de los acusados para el ejercicio de la pesca durante un periodo de dos años, un plazo que se reduce un año en el caso del marinero de Portonovo Soto Freitas, a quien también se le impone una pena de multa por un delito contra la flora y la fauna por la pesca con dinamita.
La Audiencia ha retirado todos los cargos contra el patrón del "Playa de Portonovo", recientemente fallecido..
El resto de los acusados son el armador y el patrón del buque "Andreu III" de Vigo, Jorge Sobral Abreu y Jorge Sobral Cabaleiro; el armador y el patrón del "Nuevo Diego David" de Vigo, José Antonio Tizón Ferreira (entonces patrón mayor de Vigo) y Diego Tizón Veiga, un armador de O Morrazo (José Manuel Graña) y por último, el supuesto suministrador del explosivo, el jubilado de Arbo, José Manuel López Puga.
Después de escuchar a cada uno de los siete acusados aceptar las nuevas penas propuestas por la Fiscalía, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia les comunicaron que procederán a dictar sentencia firme en estos mismos términos. Un fallo con el que se zanja la denominada "operación Abuelo", desarrollada por la Guardia Civil en vísperas del día de San Juan de 2010 y que sacaba a la luz una realidad que muchos intuían pero que pocos se atrevían a reconocer y mucho menos a denunciar: la pesca con explosivos. Aquella redada dejó quince detenidos de los que finalmente solo se presentó acusación contra ocho personas. Permitió además decomisar un auténtico arsenal compuesto por 113 kilos de dinamita. Parte de ella fue encontrada entre aparejos de pesca en el puerto de Vigo, con los buques ya casi preparados para echarse a la mar a la captura de la sardina de San Juan. El mayor depósito de explosivo apareció oculto en un zulo de una finca de Adina en Sanxenxo en el que había unos seiscientos cartuchos de dinamita.
Adquirida en Portugal
Más tarde, la Guardia Civil pudo llegar hasta el suministrador del explosivo, José Manuel López Puga, un jubilado que reconoció que habitualmente vendía el explosivo adquirido en Portugal a armadores gallegos.
