La multinacional portuguesa CUF- Quimigal, propietaria desde el año 2003 de Elnosa, apura todas las posibilidades para evitar que el 6 de enero de 2014 sea su último día de actividad en Lourizán. Para entonces finaliza la autorización ambiental integrada (AAI) concedida en diciembre de 2011 por la Xunta de Galicia, una autorización que pretende modificar, por lo menos en cuanto a la fecha de caducidad, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El recurso judicial, que no hace sino andar el camino iniciado por la empresa contra la decisión administrativa de fijar enero de 2014 como fecha límite para abandonar la ría de Pontevedra, no impide a la compañía mantener abierta una negociación con la Xunta de Galicia para ampliar el plazo de actividad en su actual ubicación, tal como confirmaban ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.

"No se rompió la negociación, siguen sentadas las dos partes" indicaban desde el departamento que dirige Agustín Hernández, sin querer entrar en detalles en aras de preservar la confidencialidad de un diálogo que "no se ha roto en ningún momento" y que no se va a ver enturbiado por un recurso judicial al que el TSXG acaba de invitar al Concello de Pontevedra a personarse como parte afectada del contencioso.

El propio concelleiro de Ordenación do Territorio, César Mosquera, desvelaba ayer esta invitación, que el Concello aceptará como no puede ser de otra manera, dada la pública militancia del gobierno local por el desmantelamiento del complejo industrial de Ence-Elnosa.

Los servicios jurídicos municipales están analizando ahora la situación para dar forma a su personamiento en la causa.

Desde hace al menos un año, Elnosa y Medio Ambiente negocian la posibilidad de una prórroga de la AAI. La clorera, que hizo pública su intención de valorar la construcción de una nueva planta en la comarca, consideraba que los dos años de vigencia de su actual autorización ambiental era "insuficiente" para desarrollar el proyecto empresarial y además criticaba la cortedad del plazo de vigencia frente a otras AAI concedidas por las mismas fechas a otras industrias, sin ir más lejos a su vecina Ence con la que comparte recinto fabril y a la que se concedió el mismo día una autorización ambiental hasta diciembre de 2015. Una y otra tienen una concesión estatal en dominio marítimo-terrestre hasta, por ahora, el año 2018.

Ante la petición de ampliación del plazo de caducidad de la electroquímica de Lourizán, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, respondió oficialmente que "era más que suficiente" pero abrió la puerta a la negociación en marcha.

Desde Medio Ambiente se apuntaba ayer que en un plazo "breve" de tiempo, esta negociación podría dar resultados.

Cambios

Desde diciembre de 2011 se produjeron cambios normativos en la legislación española (Ley 5/2013) para adecuarla a la normativa de la UE y en las directrices comunitarias, ahora más permisivas con determinadas emisiones y vertidos, lo que es aducido por Elnosa en su recurso judicial contencioso-administrativo para solicitar al TSXG que suprima la fecha de caducidad de su planta de cloro de Lourizán.

Desde Medio Ambiente, sin embargo, se sostiene que estos cambios normativos no introducen modificaciones sustanciales en tanto en cuanto se mantiene, para el horizonte del 2020, el vertido cero para contaminantes como el mercurio.

Elnosa, como todas las cloreras que utilizan este metal pesado (mercurio) en su proceso productivo, deben cambiar la tecnología y sustituirla por una limpia (de membrana), razón por la cual CUF se planteó en su día la construcción de una nueva planta en otra ubicación. Un planteamiento que, al menos oficialmente, no ha modificado.

Por su parte el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, había subrayado el mismo día que hizo pública la prórroga de la AAI de Elnosa, concedida por vez primera en el año 2008, que "Elnosa no tiene la ubicación adecuada y tiene que modificar la tecnología si quiere instalarse en Galicia".

Elnosa es la única clorera de Galicia y una de las nueve radicadas en territorio español. En su día subscribió de manera voluntario el acuerdo ANE por el cual se comprometía a reducir la contaminación por cloro de manera gradual hasta abandonar definitivamente su uso en el 2020.