Forzaron, tras casi dos horas de debate airado, bronca y protestas un acuerdo unánime, y por escrito, de la Corporación provincial de Pontevedra para reclamar la paralización de las quitas y la retirada del real decreto que establece la obligatoriedad de las mismas para los tenedores de participaciones preferentes y subordinadas. Y consiguieron el compromiso, también por escrito, de que la Diputación como tal y Rafael Louzán, en su doble condición de titular de la institución y presidente provincial del PP, solicitarán una entrevista con el ministro de Economía, Luis de Guindos a la que asistirá, de conseguirse, una representación de las plataformas de afectados.
Sin embargo los perjudicados por las participaciones preferentes, subordinadas y otros híbridos financieros de NCG Banco de la provincia que ayer acudieron al pleno de la Diputación de Pontevedra no quedaron satisfechos, a pesar de ser la reclamación que ellos mismos, a través del portavoz de la Plataforma de Baixo Miño, Xulio Vicente, habían planteado nada más abrirse la sesión y de que incluía un cuarto punto: que se promuevan todas las medidas tendentes a que los afectados recuperen el 100% de sus ahorros.
Con el acuerdo de los tres partidos en la mano (PP, BNG y PSdeG-PSOE), el propio Xulio Vicente exigió, para darse por satisfechos, una demanda más: "Que se condene la actitud del Partido Popular en Madrid bloqueando la revocación de la quita a los afectados".
Esta nueva petición fue rechazada por el presidente de la Diputación y líder del PP, Rafael Louzán y reconocida como "inviable" para alcanzar la pretendida "unanimidad" por los portavoces de la oposición, el nacionalista César Mosquera y el socialista Santos Héctor Rodríguez. "Aquí hay unos números, con la mayoría del PP, si se quiere un acuerdo estos es lo máximo que se puede conseguir" señaló Mosquera que poca antes había acusado al presidente provincial de "estar dando vueltas" y no cumplir los compromisos adquiridos con los preferentistas en el pleno del mes anterior.
Demagogia
Por su parte Rafael Louzán se dirigió, recriminándole, al portavoz de la Plataforma de Baixo Miño: "Eso (la petición de condena al PP) es demagogia política y yo quiero soluciones para los afectados. Hechos no palabras" recalcó. Sobre la mesa volvió a poner la apuesta de Galicia por el arbitraje y el apoyo, el suyo personal y el del PP, con los afectados a los que no duda en ningún momento en calificar de "estafados".
Los intercambios dialécticos que jalonaron las dos primeras horas de ocupación del pleno -en los que quedaron patentes el sufrimiento de las víctimas de NCG, los reproches a los políticos por sus incumplimientos o inacción y una voluntad férrea de lucha- dieron paso a consignas reivindicativas, bocinazos y ruido que se prolongaron casi una hora más, hasta que en un nuevo intento de Rafael Louzán de retomar el pleno a las dos y cuarto de la tarde y que fue respondido con una monumental bronca, el presidente decidió celebrar la sesión plenaria a puerta cerrada.
Al pleno sin público no se sumaron los diputados de la oposición. "El Partido Socialista no participa nunca en un pleno a puerta cerrada porque el valor de la democracia es precisamente la transparencia de sus órganos" explicó el portavoz del PSdeG-PSOE, Santos Héctor.
Por su parte, el portavoz del BNG, César Mosquera y sus compañeros de grupo ya habían abandonado los escaños antes de pactar el acuerdo unánime a cuya redacción sí se sumaron y tras votarlo volvieron a posicionarse físicamente al lado de los preferentistas.
Mientras sucedían estos hechos, en el despacho contiguo al salón de plenos de la Diputación se concentraban una quincena de agentes uniformados preparados para intervenir, si se les requería, y varios policías vigilaban y realizaban tareas de control en el vestíbulo.
Convocatoria discreta
El pleno de la Diputación de Pontevedra, interrumpido nada más saludar con un buenos días el presidente, había sido convocado discretamente, sin publicidad, para evitar posibles altercados con los afectados por las preferentes, que hace un mes ya habían boicoteado la sesión. Una precaución que, visto el resultado, no sirvió para nada.
Media hora antes del inicio, los asistentes hacían una disciplinada cola para acceder, previa identificación, al salón de plenos y lo que comenzó como una propuesta de pacto -un acuerdo unánime, primero, para dar paso a una sesión plenaria a continuación-, derivó en una sucesión de rifirrafes verbales y la celebración de un pleno descafeinado.
La presencia de diputados solo del Partido Popular en el pleno a puerta cerrada convirtió la sesión en un mero trámite ya que todos los puntos se aprobaron sin debate y la moción del PSdeG-PSOE anunciada no se llegó a presentar debido a su ausencia.
