"Responsabilidad" y "diálogo" fueron las palabras más repetidas ayer entre los representantes de las instituciones pontevedresas y los líderes de los partidos políticos a la hora de valorar el proceso negociador abierto entre la comunidad de Montes de Salcedo y Defensa para fijar un canon anual que deberá abonar el Ministerio por la cesión de los terrenos sobre los que se levanta la base de la Brilat.

Todos los grupos políticos, sin excepción, reconocieron la importancia que tiene la Brigada para el municipio, especialmente en el aspecto económico, con un impacto sobre la comarca de unos 40 millones al año. Por este motivo la apuesta y el deseo de que continúe en su actual emplazamiento de Figueirido es unánime. Lo mismo ocurre con el presidente de la Diputación. Sin embargo, sí aparecen matices a la hora de calibrar las advertencias realizadas desde el Ministerio de Defensa de que la Brilat podría dejar su actual emplazamiento en el caso de que no se llegase a alcanzar un acuerdo con los comuneros de Salcedo para la cesión de los terrenos. Una posibilidad que nadie se quiere plantear si quiera en la capital pero que cada vez es más real al conocerse la magnitud de las diferencias que tienen los vecinos y el Ministerio en lo que respecta a la cuantía económica del canon. Posturas que, actualmente, son "inasumibles" por ambas partes.

Por ejemplo, desde el BNG, grupo mayoritario en el gobierno coaligado de Pontevedra, evitan todavía encender las luces de alarma. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, aseguró ayer que no alberga dudas sobre la permanencia de la Brilat en Pontevedra. "Todos somos sensatos. La negociación acaba de empezar y no está rota", señaló. "El actual momento es normal en cualquier negociación que parte de presupuestos maximalistas pero estoy seguro de que las partes llegarán a acuerdo razonable ya que es normal que los vecinos reciban una compensación por el uso de sus propiedades". Para el socio de los nacionalistas en el gobierno, el PSOE, es necesario que ambas partes flexibilicen sus posturas iniciales para buscar un acuerdo.

"Preocupación" del PP

Las voces más preocupadas por la falta de entendimiento actual entre Defensa y vecinos se escucharon ayer procedentes de las filas del PP. Tanto Jacobo Moreira como el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, ven lógico el pago de un canon a los vecinos pero alertaron de que el distanciamiento actual parece "insalvable" por lo que ambos hicieron un llamamiento a la "responsabilidad". Moreira apeló a la intervención del alcalde para intentar buscar un acuerdo y Louzán culpó indirectamente de la problemática al gobierno local: "Situaciones como esta solo pasan en Pontevedra". "Es inaudito que algunos se unan para intentar expulsar a los que generan empleo y riqueza y actividad económica".