Tres horas se prolongó la declaración en la Fiscalía de Pontevedra del quinto y último imputado en el supuesto fraude de subvenciones destinadas a proyectos I+D+i cuyo alcance trata de definir el fiscal especializado en Delitos Económicos.
Se trata de un profesor de la Universidad de Vigo que explicó, según apuntó someramente el fiscal Augusto Santaló al finalizar el interrogatorio, el método que seguía para incorporar trabajadores de la empresa objeto de la investigación en los distintos proyectos: la Universidad remitía a la firma bajo sospecha, Taelpo, las solicitudes con el perfil que precisaba cada programa y esta facilitaba al candidato que mejor se ajustaba a las necesidades requeridas, Él se fiaba de que cumplían con los requisitos reclamados.
Santaló que en días pasados tomó declaración, también en calidad de imputados, a dos directivos y a dos empleados de la empresa, adelantaba ayer que "veo indicios para judicializar" el caso pero "la decisión la tomaré en los próximos días".
Por tanto sobre la mesa tiene dos opciones: el archivo de la causa, lo que no parece probable a la vista de la primera valoración, o la presentación de una querella a parte o a todos los imputados por un posible fraude de subvenciones tramitadas por la Xunta aunque con fondos comunitarios. En este segundo supuesto también tendrá que decidir el grado de implicación de cada uno de los distintos implicados.
Además de los cinco imputados, el fiscal tomó declaración en las últimas semanas a una decena de miembros de la Universidad de Vigo y de la empresa implicada en el supuesto fraude en calidad de testigos.
Investigación
La investigación abierta por el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló tiene como objeto aclarar si están justificadas o no las cuantías de las subvenciones públicas concedidas a proyectos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) desarrollados por la empresa Taelpo con la colaboración del imputado profesor de la Escuela de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo.
Sospecha el ministerio público que podrían tener un coste "muy inferior" al del dinero recibido por llevar adelante los proyectos de I+D+i que están en el foco de la polémica lo que supondría la existencia de un fraude y de una mala gestión de los órganos controladores.
Se da la circunstancia de que, casualmente, una vez abierta la investigación judicial por parte de Delitos Económicos, algunos proyectos en marcha o ya realizados devolvieron al erario público las ayudas concedidas en su día.
