El pleno de la Cámara de Comercio de Pontevedra aprobó ayer, por mayoría, las cuentas y liquidación del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2012. Una contabilidad que ha sido puesta en entredicho en el juzgado por extrabajadores camerales que denunciaron supuestas irregularidades en la gestión y en el Parlamento de Galicia, en donde AGE aludió a la existencia de supuestas facturas falsas.
El informe contable aprobado por el máximo órgano de gobierno de la Cámara llegó al pleno con el aval de un auditor y del comité ejecutivo, que le presentó tras haberlo ratificado en una sesión celebrada inmediatamente antes del pleno.
Según la liquidación del 2012, que se corresponde con un presupuesto prorrogado, a lo largo del año la Cámara pontevedresa registró ingresos por valor de 633.828 euros, lo que supuso un recortes del 64,4% respecto al año anterior y unos gastos ejecutados por valor de 991.743 euros, un 28,6% menos que en 2011.
El balance puesto sobre la mesa recoge que en el ejercicio 2012 los recursos no permanentes han supuesto el 67,7% del total y que, durante el pasado año, tan solo han satisfecho el recurso cameral permanente las empresas radicadas en la demarcación con un volumen de negocio superior a los diez millones de euros.
El pleno de la Cámara habló de liquidación y cuentas pero también del anteproyecto de Ley de Cámaras y de lo que supondrá para el futuro de las entidades.
Este anteproyecto fija un sistema de ingresos basado en los servicios que presten a las empresas y de aportaciones voluntarias por lo que el diseño y puesta en marcha de iniciativas que capten el interés de sus potenciales clientes centrará en buena medida la actividad de la Cámara.
En principios estas actuaciones deberían ser suficientes para obtener los recursos necesarios para afrontar las obligaciones que fija el anteproyecto normativo: la internacionalización, la formación profesional dual, el apoyo a las pymes y la mediación.
