Afectados por las subordinadas y preferentes de las plataformas Marín-Pontevedra y O Salnés obligaron a suspender durante la tarde de ayer el pleno ordinario que debía celebrarse en el Concello de Poio como medida de protesta ante la situación que atraviesan. "Si no hay tiempo para nosotros, hoy el pleno no se celebra", espetó Rosana Prado, una de las portavoces, a los miembros de la corporación.

Una vez que se leyeron los diferentes puntos que se iban a tratar en la sesión, Prado pidió la palabra y expuso a las diferentes formaciones políticas el malestar de los afectados. "Estamos enfadadísimos e indignados con todos vosotros. Nos da vergüenza la actitud que habéis tenido estos últimos días. No se va a celebrar el pleno hasta que no se trate nuestro problema", explicó la mujer, quien acuso a los representantes políticos de "actuar de cara a la galería", de participar en la manifestación que tuvo lugar en Pontevedra el pasado 10 de mayo "como si fuera una romería" y de que, a la hora de la verdad, "no hacían nada".

Especialmente, las críticas de los preferentistas se centraron en el alcalde, Luciano Sobral, al que recriminaban no haberse puesto en contacto con uno de los portavoces el pasado sábado, algo a lo que, según los afectados, se había comprometido el regidor. Los afectados lamentaron que, al no verse cumplidas las peticiones que realizaron a la corporación y que ésta aprobó en pleno, no "podían seguir avanzando" en su pelea por recuperar sus ahorros. "Y se nos acaba el tiempo", lamentaban los preferentistas, al tiempo que recordaban que el próximo 15 de junio el FROB determinará las pautas del canje de NCG Banco.

Sin embargo, fue cuando el concejal del BNG Xulio Barreiro preguntó a los afectados con cierta ironía si "el banco no les había engañado antes" cuando los ánimos de éstos se encendieron definitivamente. Fátima Entenza, otra de las portavoces de la plataforma Marín-Pontevedra, visiblemente furiosa, recordó a los miembros de la corporación que el colectivo siempre había actuado con respecto y civismo. Entre gritos y cruces de acusaciones con los concejales nacionalistas -los del PSOE y los del PP aguantaban el tipo con cara de circunstancias-, Alicia Martínez acusó a Entenza de haberla insultado, algo que indignó aún más a la mujer y que generó una situación de tal tensión que incluso dos agentes de la Policía Local tuvieron que acceder al salón plenario para interponerse entre ambas mujeres.

Ante la indignación de los afectados, el alcalde llegó a proponer "un encierro en una sucursal" en la que él mismo estaría dispuesto a participar u organizar un viaje hasta Madrid para trasladar al Ministerio estas reivindicaciones. Finalmente, y aunque se intentó proseguir en cuatro ocasiones, el pleno fue suspendido y el alcalde se comprometió a mantener una reunión con los afectados durante la jornada de mañana.