Crisis, paro y, en número creciente, regreso a sus países de origen ya sea solos o con sus familias. Es la situación que afrontan los inmigrantes en nuestro país y de la que Pontevedra no es ajena. La provincia perdió, en el último año, el 9,2% de los trabajadores extranjeros regularizados. Fueron 1.134 los que se dieron de baja en la Seguridad Social en los últimos doce meses hasta quedarse en 11.189.
La hostelería, el empleo doméstico y la industria manufacturera son los sectores que concentran el mayor número de inmigrantes asalariados, una primacía que mantienen a pesar de las bajas registradas. Según se deduce de los datos cruzados entre la Seguridad Social y el SEPE (Servicio de empleo público estatal) el grueso de las bajas de trabajadores extranjeros se sitúan en las siguientes actividades: transporte, comercio e industria manufacturera y, en menor medida, en construcción y pesca.
Los 1.134 trabajadores extranjeros que abandonaron el mercado laboral regular de Pontevedra en el último año representan el 43,5% de todos los que lo hicieron en Galicia a pesar de que el total de inmigrantes activos de la provincia suponen el 35,7% de los radicados en la comunidad.
Estas cifras desvelan a Pontevedra - hace apenas un lustro tierra de promisión para aquellos que querían labrarse un futuro laboral- como la provincia gallega en donde los trabajadores foráneos lo tienen más difícil. Esta realidad lleva a sindicatos como UGT y CC OO y a organizaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión social como Cruz Roja o Cáritas a ver en los inmigrantes víctimas propiciatorias para engrosar las filas del empleo sumergido y la economía informal.
Siete de cada diez inmigrantes activos laboralmente en la provincia cotizan al régimen general de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena. En total son 8.567 los asalariados de origen foráneo con contrato regularizado en Pontevedra, a los que hay que sumar 624 marineros que, aunque también asalariados, saldan cuentas bajo el epígrafe de mar.
En la provincia son mayoría -el 56,4% del total o 6.311 en términos absolutos- los trabajadores extranjeros extracomunitarios y entre ellos se sitúan a la cabeza los nacidos en tres países latinoamericano: Colombia, Brasil y Perú. Le siguen a corta distancia Marruecos y China, cuyo número de activos, mayoritariamente autónomos, mantienen una ligera y constante tendencia al alza.
Entre los inmigrantes en activo naturales de países ajenos a la Unión Europea, el género no marca diferencias ya que el número de mujeres y varones es similar -3.334 frente a 2.977-, lo que sí dibuja un perfil diferente es el sector laboral: ellas están adscritas sobre todo al sector servicios (hostelería y comercio) y al empleo del hogar (especialmente tareas vinculadas al cuidado de personas) y ellos se sitúan en actividades de transporte, industria manufacturera, construcción y pesca.
Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros comunitarios hay, en una proporción de tres a uno, más varones que mujeres. Son 3.365 frente a 1.513 lo que no es óbice para que unos y otros encuentren acomodo en los mismos sectores: servicios profesionales y empresariales, industria manufacturera y también hostelería y comercio y en menor medida construcción. En este caso Portugal, Italia y Rumania son los países que aportan más nacionales al menguante mercado labora pontevedrés, seguidos a corta distancia de Francia y Reino Unido.
Autorizaciones de trabajo
Si los inmigrantes con empleo regularizado son cada vez menos en la provincia y en Galicia, el número de autorizaciones de trabajo a extranjeros ha caído en picado. En el último balance del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, actualizado a 31 de diciembre, se recoge que durante el año 2012 solo se concedieron 4.041 autorizaciones en toda la comunidad autónoma, de las que el 34,7% fueron para incorporaciones en Pontevedra.
Esta cifra supuso un descenso de 2.941 permisos de trabajo respecto al año anterior y una caída porcentual del 42,1%, lo que situó a Galicia en la segunda comunidad autónoma con la variación porcentual negativa más grande de toda España. A lo largo del 2012 se habían tramitado en el conjunto del Estado 229.506 autorizaciones laborales para inmigrantes, lo que supuso un 26,9% menos que en 2011.
