La reforma de la ley publicada en el BOE del 15 de mayo tuvo sobre todo trascendencia pública por incluir la suspensión por espacio de dos años de los desahucios para los colectivos más vulnerables, algo que sí se estaba teniendo ya en cuenta por parte de los juzgados de Pontevedra. Son varios los supuestos de especial vulnerabilidad, por ejemplo, familia numerosa, unidad monoparental con dos hijos a cargo, unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años o en la que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacide para realizar una actividad laboral, así como parados sin prestaciones de desempleo o víctimas de violencia de género, entre otros.
