"Es una infamia". Con esta contundencia replicó ayer el concejal de Urbanismo, Antón Louro, la acusación lanzada por las funerarias Pompas Fúnebres y Alianza y Barros de que la normativa urbanística en marcha para regular la ubicación de crematorios en el municipio suponía un blindaje del proyecto de Funespaña frente al que promueven otras compañías en la ciudad. "Este Concello actúa en todo momento con exquisito respeto a las leyes y decir lo contrario o dudarlo es una clara infamia", dijo el edil.
Insistió que lo único que se pretende con la norma en trámite "no es favorecer a ninguna empresa sino definir el tipo de suelo en el que se puedan ubicar o no dotaciones de estas características. En Pontevedra no podrá haberlos en suelo urbano, ni urbanizable ni en núcleo rural, y si en rústico, cementerios y polígonos industriales", donde encajaría el de Funespaña (detrás del cementerio de San Mauro) pero no ninguno de los ortos previstos. Afirma el concejal en que "las empresas saben muy bien lo que podrán hacer y quedan muchos sitios en el municipio donde se pueden ubicar los crematorios".
El proyecto de Funespaña, heredado de uno anterior de Sempsa, fue el primero que se presentó en el Concello y acumula años de tramitación. En su día fue aprobado por el pleno, por unanimidad, el Plan Especial que ampararía su ejecución, y el proyecto de urbanización. "En ninguno de esos plenos yo no era siquiera concejal", recuerda Louro, que dice "estar muy confiado en los servicios municipales" si siguen adelante los recursos judiciales".
