La denuncia por irregularidades en la Cámara se amplía con supuestas anomalías contables

Los trabajadores despedidos sospechan que la entidad obtuvo en 2012 más ingresos de los que se hacen constar en la documentación aportada y piden al juzgado que investigue

21.05.2013 | 14:15
Sede de la Cámara de Comercio de Pontevedra. // Gustavo Santos
Sede de la Cámara de Comercio de Pontevedra. // Gustavo Santos

Las denuncias en sede judicial por las supuestas irregularidades en la gestión de la Cámara de Comercio de Pontevedra durante los últimos años ponen ahora su foco de atención sobre las cuentas de la entidad. Los representantes legales de los trabajadores que fueron despedidos por la Cámara presentarán en cuestión de días ante el juzgado de instrucción de Pontevedra una ampliación de su denuncia del pasado mes de noviembre en la que acusan a la entidad de presentar ante la Justicia unas cuentas referidas al año 2012 que "no se corresponden con la realidad".

Consideran que en los últimos meses han aflorado nuevos datos y documentación que, para ellos, evidencian que en las cuentas de la Cámara de Comercio referidas al año 2012 (y en las que basan el despido de estos empleados) no se recogen todos los ingresos que tuvo la entidad y consideran que estos fueron "mayores" de lo que dice la institución a las autoridades judiciales. Es de ahí que han decidido presentar esta ampliación de denuncia por un supuesto delito de falsedad documental.

Varias "evidencias"

Las "evidencias" que citan los trabajadores y que acompañarán en su ampliación de denuncia son varias. En primer lugar, aseguran que aportarán el testimonio del contable de la propia Cámara de Comercio, quien, según explican, habría reconocido en un juicio por los despidos de estos empleados ante el magistrado de lo Social que no todos los ingresos estarían recogidos en la documentación aportada por la Cámara al juzgado. En segundo lugar, señalan a las informaciones recogidas en prensa por el perito judicial que investiga las operaciones de la Cámara de Comercio en el marco de la querella presentada por el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, a raíz de los contratos suscritos por este organismo con una empresa radicada en Brasil. Estas informaciones periodísticas señalan que el perito designado por el juzgado habría detectado "movimientos extraños en las cuentas" de la institución. Algo que los trabajadores quieren corroborar por lo que esperan tener acceso a dicho informe pericial.

Añadirán los escritos remitidos por el Consello de Contas de Galicia en los que se da cuenta de las denuncias remitidas por este organismo a la Xunta por supuestas anomalías en la gestión del ente cameral, así como posibles irregularidades en la organización y financiación de eventos subvencionados por la Unión Europea que deberá investigar la Consellería de Facenda. A esto sumarán documentación contable en su poder de supuestos ingresos bancarios que al parecer no fueron recogidos como tales en las cuentas de 2012 de la entidad.

Los trabajadores también denuncian que la Cámara está presentando un balance de cuentas de pérdidas y ganancias de 2012 provisional, ya que no están aprobadas por el Pleno, tal y como exige la ley. Un balance en el que los directivos de la Cámara se basan para justificar sus despidos, pero que para los afectados no son más que una venganza en respuesta a las denuncias de las supuestas irregularidades en la Cámara.

Cuatro frentes judiciales

Cabe recordar que actualmente son cuatro los frentes judiciales abiertos en la Cámara de Comercio. Dos de ellos a raíz de querellas presentadas por la Fiscalía de Pontevedra. Una del fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, por los contratos suscritos en Brasil y en la que figura como imputada la secretaria del ente cameral, Rosario Lorenzo. La segunda querella la impulsó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, por un presunto delito contra la Administración de Justicia, coacciones y amenazas a raíz de los despidos de estos trabajadores que, precisamente, denunciaron los hechos que dieron lugar a la investigación que dirige Santaló. En este caso están imputados Lorenzo y el anterior presidente de la entidad, Gómez Rivera. Existe una tercera denuncia de un directivo cameral por fraude de subvenciones europeas y por último la que presentó en noviembre este grupo de trabajadores por tráfico de influencias y otros delitos, que ahora se amplía con otro de falsedad documental.

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