El gobierno local ya da por perdida su vieja batalla judicial para conseguir que el Gobierno compense al Concello por la bonificación del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que está obligado a aplicar a Audasa por el paso de la AP-9 por el municipio. El Concello acaba de recibir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que desestima tal pretensión y que corrige la postura favorable anterior del mismo órgano a raíz. En su día, este mismo tribunal admitió la reclamación pontevedresa referida al periodo 1998-2002 y obligaba al Gobierno a compensar aquellas bonificaciones. Sin embargo un recurso estatal ante el Supremo tumbó el fallo del TSJM que ahora aplica este segundo criterio en una nueva sentencia, referida al periodo 2003-2007. Visto que la postura del Supremo, contraria al Concello, es la que se sigue desde entonces, Pontevedra ya no tiene previsto seguir adelante con esta batalla.
Pontevedra demandaba en su primer pleito algo más de un millón de euros por este concepto, a razón de unos 300.000 euros por año. Este proceso arrancó en 2003, cuando el Concello reclamó al Estado una compensación por la "pérdida de ingresos" que supuso la exención del 95% del IBI decretada por el Gobierno central a las autopistas. Los recursos administrativos no prosperaron, por lo que se acudió a la vía judicial. En 2007, el TSJM dio la razón al Concello, al que reconoció el "derecho a ser resarcido por el Estado" en la cantidad de 1.211.187,83 euros más sus intereses legales, pero el Supremo sentó jurisprudencia, en sentido contrario, después.
