La Xunta tiene competencias "claras, avaladas por sentencias, exclusivas y excluyentes" sobre la ordenación del litoral. Están recogidas en el propio Estatuto y por este motivo el BNG pide al ejecutivo de Rajoy que "reclame y ejerza" sus responsabilidades en relación al futuro de Ence, que no se escude en leyes o la buena voluntad del Estado.

En esta línea la diputada nacionalista por Pontevedra Montserrat Prado anunciaba ayer que su grupo presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia para instar a la Xunta que haga un nuevo redactado el Plan de Ordenación do Litoral (POL) con el fin de "dejar claro que la permanencia de Ence en la ría finaliza el 31 de julio de 2018" y que el objetivo "irrenunciable" es abordar las acciones de regeneración, restauración y reordenación del ámbito de recualificación previsto en el POL para los terrenos actualmente ocupados por Ence a orillas de la ría.

La diputada nacionalista destacaba que "el PP se mueve muy bien en la indefinición" lo que le permite virajes como el que ha hecho recientemente ya que "parecía que se sumaban al sentimiento mayoritario de la ciudadanía de Pontevedra" al puntualizar, una y otra vez, que la empresa tendría que abandonar Lourizán en 2018 pero ahora "la maniobra de distracción se acabó y están sentados directamente al lado de la empresa". "

"Nosotros no vamos a darle coartadas al gobierno de la Xunta y que se puedan esconder en no sé que legislación que aprueban otros. La realidad es que el PP sí que le gusta el escenario, sí que les gusta esta modificación de la Ley de Costas" indicaba Montserrat Prado, quien avala la tesis con el hecho de que "la Xunta no hizo nada para que la ley no fuera en esa dirección y que Ence no siguiera en la ría".

Es el momento, subrayó, "de dejar claro a la empresa cuales son las reglas del juego".

También el concejal de Urbanismo, César Mosquera, puso el acento en la "delación" de la Xunta en el tema Ence y criticó su doble vara de medir ya que planta cara a las aspiraciones del Concello pero no para reivindicar e imponer ante el Estado y el grupo empresarial sus competencias.