La CIG mantiene activo el calendario de movilizaciones en Pontevedra y lo hace con una marcha que partirá este mediodía desde la Praza da Ferrería para terminar en la sede de Aempe. La central nacionalista escenificará ante las oficinas de la patronal pontevedresa la petición que los empresarios hacen, junto con el Gobierno central, de un gran pacto social. Un llamamiento que el secretario comarcal del sindicato en Pontevedra, Rafael Iglesias, ve en realidad un engaño. "Lo que quieren es abaratar el despido y reducir sus cotizaciones a la Seguridad Social", vaticina sobre los planes de los representantes empresariales.

La CIG justifica su negativa a participar en la mesa en la que también estarán representados CC OO y UGT. "Estas mesas negociadoras son negativas para los trabajadores y son desmovilizadoras; tenemos que seguir en la calle denunciando cuáles son las pretensiones reales", indica Marcos Conde, de CIG-Metal, en torno a cuáles son los verdaderos objetivos de encuentros como el que está programado para hoy en Madrid y que contará con presencia del Ejecutivo, patronal y los dos sindicatos estatales. "No nos engañemos, la pretensión del Gobierno no es dar marcha atrás en sus reformas ni en su política económica", explica Conde. Así, tanto éste como Iglesias hacen alusión a que ese gran pacto es en realidad una imagen de cara a la galería en la que gobernantes y empresarios hacían ese llamamiento para vender a la sociedad un falso consenso. "La patronal quiere que el despido sea aún más barato, que quede en cero euros y que no llegue a haber diferencia entre contratos eventuales e indefinidos", relata el responsable comarcal que, por otro, lado confirmó que estas son sus últimas semanas al frente de la central en la ciudad del Lérez.

Asimismo, desde la CIG se denunció ayer la lentitud del Fondo de Garantía Salarial en resolver los expedientes. Algo por lo que tanto este sindicato como UGT y CC OO pidieron una reunión con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello. "Nos ha respondido que nuestras quejas han sido remitidas a Madrid", lamentan. Desde las tres centrales sindicales aseguran que las demoras del Fogasa son en cierta medida intencionadas. "Se quiere justificar la futura privatización de su gestión", adelantan desde la CIG.