La segunda sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera de la Audiencia Nacional, en dos años, condenando a la Administración a incoar el expediente de caducidad de la concesión en dominio marítimo-terrestre a Ence dejó en evidencia el dispar análisis que hacen sobre su alcance los dos socios del gobierno local y sirvió de munición para un intercambio de reproches entre ambos, verbalizados por los concejales Agustín (Tino) Fernández, del PSdeG-PSOE y César Mosquera, del BNG.
Esta segundo fallo apuntala, según la tesis que sostiene Tino Fernández, el "éxito" de la estrategia de "rodear el fuerte" puesta en marcha hace más de un lustro por la asociación Salvemos Pontevedra, de la que fue abogado, para pedir la caducidad de todas las concesiones estatales en las marismas de Lourizán y reclamar la restitución del dominio público a su estado original.
La cascada de demandas presentadas para cuestionar la legalidad y/o vigencia de las cesiones estatales concedidas a una constructora y una cementera, ya desaparecidas, a Ence y en último lugar a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) empiezan a dar sus frutos. Tras la aprobación de la nueva Ley de Costas la Justicia se convierte, según el concejal socialista, "en la vía que queda para evitar la consolidación de la planta de Ence en Lourizán", aunque tenga "un recorrido muy largo".
Sin títulos
La resolución ahora conocida es idéntica a la firmada por la misma sala el 19 de mayo de 2011 aunque "va un paso más allá" porque reconoce que la depuradora de Praceres y el emisario submarino "se encuentran dentro de la concesión cuyo titular es Ence, en el dominio público marítimo-terrestre, sin los debidos títulos concesionales", según explicaba ayer el concejal y abogado Agustín Fernández.
De acuerdo con el análisis que hace el edil, esta valoración judicial abre la puerta a la caducidad de la concesión estatal a Ence "por incumplimiento" de las condiciones establecidas en dicha concesión ya que, cuando menos, habría vulnerado el punto e autorizar (ceder) una construcción y actividad ajena: la depuradora.
La Ley de Costas, apunta Fernández, no da cobertura ni autoriza prórrogas de concesiones a quienes incumplan las cláusulas de cesión. Y estos incumplimientos pueden ser: la citada cesión de terrenos, tener más edificabilidad de la establecida o desarrollar actividades ajenas a la concesión.
Se da la circunstancia de que la falta de concesión administrativa de la depuradora de Praceres (construida a partir de un acuerdo entre Ence y el fallecido conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña) y de los colectores fue advertida al Concello de Pontevedra por una resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del año 2010 en la que le notificaba que "deberá adoptar el acuerdo de trasladarlos fuera de dominio público en un plazo inferior de cinco años".
Este hecho, citado en la sentencia de la Audiencia Nacional, llevó a Agustín Fernández a criticar al gobierno local (del que él forma parte desde el 2011) por su inacción y a relacionar esta "no regulación" con la falta del PXOM.
Visión diferente
Estas palabras suscitaron la crítica de su compañero de gobierno, el nacionalista César Mosquera, que no solo recordó al edil socialista que la depuradora "es de principio a fin competencia de la Xunta de Galicia" sino también que ningún planeamiento regula la localización de depuradoras.
Previamente Mosquera Lorenzo había restado trascendencia a la nueva sentencia de la Audiencia Nacional -"no aporta ninguna novedad" respecto a la dictada hace dos años- y puesto en tela de juicio el "alcance real" de la misma - "primero es recurrible y segundo todos sabemos de sentencias inejecutables, que nunca se llegaron a ejecutar u olvidadas"-, lo que no le impidió añadir que "ojalá el expediente de caducidad salga adelante".
El concejal de Ordenación do Territorio es más escéptico que su socio de gobierno y abogado respecto a la Justicia, de cuya lentitud recela, y por eso sostiene que tiene que ser "una decisión política" la que ponga término a la ocupación de los terrenos en dominio público marítimo-terrestre por parte de Ence.
"La vía que queda es la política, que ahora está cerrada, pero si se produjera un cambio de sensibilidad, un cambio de gobierno en la Xunta y en Madrid se podría retomar" apuntaba ayer el edil César Mosquera.
