La secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, ha repetido este viernes en el Parlamento de Galicia que "ninguna ocupación industrial" se mantendrá en la costa gallega sin contar con la "aprobación" del Gobierno autonómico y ha destacado que la ley nueva ley de costas aprobada este jueves en el Congreso "permite por primera vez que sean las comunidades autónomas las que evalúen los efectos ambientales que las industrias tienen en el litoral".
Esta modificación legislativa, que sacó adelante el PP en solitario, "ya no ampara la prorroga automática de ocupaciones industriales en el dominio público marítimo terrestre", ha incidido la secretaria xeral en respuesta a una pregunta de la diputada del PSdeG Patricia Vilán sobre el canon que paga Ence, formulada en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial.
Vilán protestó por la respuesta dada por Rivas, quien especificó la normativa que determina cómo se calcula el canon a pagar, pero no dio la cifra concreta. La responsable de ordenación territorial ha argumentado que esa cuestión compete en realidad al Estado. "Esta información ya es conocida; supongo que la Xunta manejará datos más concretos", ha replicado la socialista, que ha pedido a la Xunta que no "juegue al gato y al ratón" con los ciudadanos.
La secretaria xeral ha lamentado que la cuestión sobre si Ence se mantiene o no en su ubicación actual en la ría de Pontevedra sea "un arma política" y que "no sea la cuestión en sí la que preocupe". Ha agregado que la ley que permite las prórrogas de las concesiones se aprobó en 1988, con un Gobierno del PSOE en Madrid. Ahora, ha añadido, el nuevo texto "no ampara" las prórrogas automáticas.
La comunidad, ha indicado, deberá dar su opinión sobre los efectos de las industrias en el litoral, "en un proceso en el que esa emisión del informe autonómico responda al compromiso adquirido por el Gobierno del Estado". "Ninguna ocupación industrial se va a mantener, ni Ence ni ninguna otra, en el dominio público marítimo terrestre del litoral de Galicia sin tener la aprobación de la comunidad autónoma", ha afirmado.
Además, ha señalado que "cualquier industria" que desarrolle su actividad en el litoral deberá cumplir la normativa urbanística y ambiental y "contar con la aquiescencia de la Xunta" para continuar con su actividad en el esa localización. "Así lo recoge la ley que se acaba de aprobar y eso va a hacer el Gobierno de Galicia", ha finalizado Rivas.
Servicios de tren
Por otra parte, el director xeral de Mobilidade, Miguel Rodríguez Bugarín, ha sostenido que el problema de muchas conexiones ferroviarias de media distancia no es "su privatización o liberalización", sino "que son insostenibles". En respuesta a una pregunta del diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) David Fernández Calviño, ha incidido en que no se pueden mantener paradas con menos de un viajero de media al día.
Frente a la postura de Fernández Calviño, que ha defendido mantener servicios por su "rentabilidad social", aunque no sean rentables desde el punto de vista económico, Bugarín ha rechazado subvencionar "la ineficiencia de un servicio". Ha apuntado que desde 1995 a 2012 la Xunta ha abonado a Renfe en concepto de ayudas 41,16 euros para transportar a 2.635.298 personas, lo que representó una subvención media de 15,62 euros por pasajero y "no así se cubrían los costes de los servicios".
El director xeral ha considerado que "es hora de que en España se hagan las cosas de otra forma" y ha instado a basarse "en datos objetivos" y a actuar "con criterios racionales y buscando la mejor solución antes que la más fácil".
