Una prueba del demandante, solicitada y no tramitada y relacionada con la contabilidad de la institución, y el cuestionamiento del "poder" esgrimido por el representante de la Cámara de Comercio llevó a la titular del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra a aplazar ayer la vista oral por el despido del exvicesecretario, Augusto Aláez, de la entidad hasta el próximo 24 de junio. Para entonces confía en que todas las carencias hayan sido subsanadas.
Aláez reclama la nulidad de la rescisión laboral al sostener que es fruto de una represalia, derivada de una sucesión de denuncias previas ante la Xunta y ante Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión de entidad y por falta de legitimidad del entonces presidente cameral
En los pasillos de la Audiencia se pudo ver ayer los miembros del comité ejecutivo que estaban al frente de la Cámara de Comercio de Pontevedra el 28 de diciembre cuando cuatro trabajadores camerales fueron despidos por supuestas causas organizativas y económicas y que responderían a un plan de viabilidad trazado por una consultora. Considera el demandante que a parte de la Cámara como empleadora, todos los directivos son responsables a título individual de lo que considera un despido fraudulento.
