El salón de plenos de la Diputación de Pontevedra estaba, en esta ocasión, vacío. No tenían la presión de los afectados y aún así, tras más de una hora de debate plagado de declaraciones vacuas, demagogia y acusaciones cruzadas, fueron incapaces de alcanzar un acuerdo, de consensuar una acción política conjunta e inequívoca de apoyo a los miles de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de NCG Banco que exigen la devolución íntegra de sus ahorros cautivos.
La Corporación provincial celebró ayer el pleno correspondiente al mes de abril abortado una semana antes cuando más de un centenar de afectados intentaron que la Diputación se comprometiese a "presionar a Rajoy" para que les restituyan el dinero "estafado". Entonces abandonaron la sala con un pronunciamiento favorable a esta pretensión de los portavoces del BNG y PSdeG-PSOE, César Mosquera y Santos Héctor Rodríguez y un ambiguo "trabajaremos en esto" del presidente provincial y líder del PP de Pontevedra, Rafael Louzán. Siete días después de que varios diputados de las tres formaciones se hubiesen vestido camisetas de los preferentistas y un pleno más tarde, la situación es la misma.
La sesión plenaria se había convocado de un día para otro, sin publicidad, y con el mismo orden del día del pasado viernes para evitar posibles interrupciones. Sin embargo los afectados de NCG , aunque ausentes, fueron igualmente los protagonistas ya que la moción sobre "la adopción de medidas relacionadas con las preferentes" abrió la espita de un largo e infructífero debate.
El portavoz socialista planteó la necesidad de buscar "una solución política" para devolver el dinero a los ahorradores de NCG Banco "estafados". Si con voluntad el Gobierno encontró una fórmula para rescatar a la banca "ahora hay que hacerlo por ellos", recalcó Santos Héctor Rodríguez, que llegó a concretar varias propuestas para la restitución del dinero a cargo del Fondo de Garantía Bancaria y del FROB.
Fue el portavoz del PP y vicepresidente provincial, José Manuel Figueroa, el que tomó la palabra para arremeter con el Partido Socialista, al que citó como primer responsable de la situación creada -"estos productos se empezaron a comercializar con el Gobierno de Zapatero "- y acusarlos de "hacer demagogia" con un problema que afecta a miles de pontevedreses y gallegos.
Pero también dirigió sus críticas a "algunos, que se pueden contar con los dedos de una mano" que se estarían aprovechando "para sacar réditos políticos y sindicales" de la situación, "boicoteando el funcionamiento de las instituciones y acorralando a los cargos políticos más cercanos a los ciudadanos (alcaldes, concejales y diputados, todos del Partido Popular) en un ejercicio de mezquindad".
Los intentos de Santos Héctor por aparcar el "y tu más" y devolver el debate a la moción presentada fueron vanos.
Medidas simbólicas
Por su parte el portavoz provincial del BNG, César Mosquera, que empezó su intervención entonando un "mea culpa" por aceptar el plan para despolitizar las cajas de ahorros y no plantar cara a la creación del FROB cuando estaba claro que se iba a reducir el número de entidades y quitarles la base territorial, se esforzó para hacer entender a la corporación la necesidad de "adoptar medidas simbólicas que dejen de manifiesto que estamos de su lado (de los preferentistas".
Mosquera Lorenzo puso como ejemplo de esas posibles medidas: que el presidente de la Diputación, que además es presidente provincial del PP, solicite una entrevista con el ministro de Economía, como han hecho alcaldes de todos los colores políticos; que "sientan que estamos a su lado, que están arropados".
A esta petición de implicarse respondió directamente el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, que recordó que había sido la Xunta, con un Gobierno del PP, la que había apostado por los arbitrajes como fórmula para reintegrar el dinero a los afectados por las preferentes. Una actuación que ha permitido la devolución de 285 millones de euros gracias a 16.000 laudos resueltos, de un total de 60.700 demandas presentadas.
Louzán apeló paradójicamente, dada su condición de responsable político (de partido e institucional), "a dejar aparcada la política para centrarnos en buscar soluciones" para emplazar a los portavoces de los tres partidos con asiento en la Diputación (PP, BNG y PSdeG-PSOE) a buscar un consenso que permita actuar en favor de los afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de NCG Banco.
A partir de este momentos se sucedieron propuestas del tipo: colgar una pancarta en el Pazo Provincial, sumarse a la manifestación convocada el día 10 por el Concello de Pontevedra, etc. Propuestas lanzadas al aire y que opacaron la votación de la moción socialista, que aunque obtuvo el apoyo del BNG, fue tumbada con los votos de la mayoría del PP.
