Junto a Antonio Carballa Magdalena se sentarán en el banquillo, además de los hermanos Prado Padín y el constructor Rodríguez Rivera, varios de sus familiares. En concreto su esposa, quien fue detenida por la Policía en una de las operaciones antidroga desarrolladas contra Carballa en 1995 (finalmente resultó absuelta). María Luisa González Iglesias se enfrenta a una petición de pena por parte del fiscal de cinco años de prisión y 3,6 millones de euros en multas. La misma pena de prisión se reclama para la hija del principal acusado, Beatriz Carballa González, así como una multa de 1,2 millones de euros.
Por último, también se sentará en el banquillo de sus acusados el marido de la hija de Carballa, Daniel Donoso Jiménez, para quien pide cuatro años de prisión y 300.000 euros de multa. Lo acusa de aceptar figurar, junto a su mujer, como titular de una nave industrial que la pareja adquirió en Toledo por 149.000 euros con dinero que, según el fiscal, les entregó el principal acusado.
La mujer de Antonio Carballa también figuraba como titular de dos solares en Portonovo que luego se permutaron con dos promotoras que a cambio les entregaron siete viviendas con sus respectivas plazas de garaje y trasteros, valorado todo ello en 720.000 euros. Un piso en A Porteliña, Poio, fincas en distintos puntos de Sanxenxo o una plaza de amarre en el puerto deportivo de Combarro son otros de los bienes y derechos supuestamente adquiridos por Carballa con dinero negro del narcotráfico que figuraban a nombre de familiares suyos.
