La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra reserva cuatro días (entre el 8 y el 11 de abril) para juzgar a un viejo conocido de las unidades antidroga de la Policía y Guardia Civil, Antonio Carballa Magdalena. El sanxenxino se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Antidroga de seis años de prisión y multa de 10 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. En el banquillo de los acusados estará acompañado de su esposa, su hija, su yerno y tres empresarios a los que el fiscal acusa de colaborar con Carballa Magdalena para tejer una compleja red de firmas pantalla y relaciones mercantiles que lavaba el dinero negro que el cabecilla obtenía de sus supuestas actividades de narcotráfico. Una trama que fue desarticulada en 2011 en la conocida como "Operación Patas".
Carballa Magdalena, de 57 años y natural de Poio (aunque reside en Sanxenxo desde hace años), tuvo sus primeros encontronazos con las fuerzas del orden en 1983 cuando fue condenado por primera vez a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública, en una sentencia que fue firme tres años después. En 1988 volvió a ser condenado a 9 años de prisión y en 1998 la Audiencia Nacional le impuso 14 años por el alijo de dos toneladas de cocaína incautadas por los agentes del SVA a bordo del buque Archangelos, abordado en el Atlántico por el buque Petrel en 1995 en medio de una fuerte tormenta.
El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, sostiene que Antonio Carballa se ha venido enriqueciendo con estas actividades de narcotráfico de tal forma que creó todo "un entramado de personas interpuestas, sociedades y otras formas jurídicas diversas" con la única finalidad de ocultar la titularidad de todo este patrimonio obtenido con el tráfico de drogas y blanquear todo este caudal de dinero negro para darle apariencia lícita. Los métodos que detalla el Ministerio Público en su escrito de acusación para proceder al blanqueo de capitales son de lo más variado. Desde los tradicionales, como concertarse con sus familiares para poner a nombre de estos testaferros bienes que él adquiría con el dinero del narcotráfico, hasta complejas operaciones mercantiles. También se descubrió, según se detalla en el escrito de acusación, una curiosa fórmula, ya que Antonio Carballa llegó a disponer de liquidez suficiente como para actuar de prestamista de grandes cantidades de dinero. En los meses anteriores a noviembre de 2009, cuando los bancos comenzaban a cerrar el grifo a la hora de conceder préstamos, Carballa Magdalena disponía de los recursos suficientes para conceder una serie de créditos a diversos allegados y personas cercanas. Señala el fiscal que, de esta manera, el dinero negro del narcotráfico era "transformado en los correspondientes derechos de crédito". En noviembre de 2009 el importe total que según el fiscal se habían transformado en derechos de crédito mediante los correspondientes préstamos ascendían a 2,4 millones de euros. Señala el fiscal que, salvo en un caso, los prestatarios desconocían el origen ilícito del dinero prestado.
Dinero que regresa "limpio"
Antonio Carballa realizó una de estas operaciones de préstamo a través de una empresa que él mismo controlaba y en la que puso al frente a su mujer y a su hija (Sanxenxo Urbanizaciones S. L.). Se trata de una inversión en las mercantiles Croil y Croil Petróleo de 265.000 y 196.000 euros respectivamente. Una operación que, sin hacer mención a Carballa, aparecía en la contabilidad de estas dos firmas como préstamo. Para recuperar este dinero libre de mácula este capital que supuestamente procedía del narcotráfico, el fiscal detalla que Carballa compró en febrero de 2009 participaciones en estas empresas (Croil y Croil Petróleo eran propiedad en su mayoría de los hermanos Jonatan y Diego Prado Padín, también acusados en esta causa) por valor de 53.700 euros. Tan solo ocho meses después, en octubre de 2009, se realizaba la operación a la inversa. La sociedad de los hermanos Prado Padín vendía estas participaciones en Croil y Croil Petróleo a la firma Sanxenxo Urbanizaciones (controlada por la familia de Carballa) pero lo hacía por una cantidad muy superior, 418.649 y 125.051 euros, que regresaban así las manos de Carballa Magdalena "con apariencia lícita".
El fiscal también presenta acusación contra el responsable de una empresa constructora, Miguel Ángel Rodríguez Rivera, por simular ser concesionario de un préstamo de Carballa Magdalena de 400.000 euros que supuestamente nunca existió y que solo tenía como objetivo ocultar el incremento patrimonial insual derivado de la operación anterior con Croil Petróleo, así como la compra de dos solares por valor de 410.000 euros en Sanxenxo.
El fiscal reclama la imposición de una pena de cuatro años de prisión para cada uno de los hermanos Prado Padín, así como para Miguel Ángel Rodríguez Rivera, además de multas que, entre los tres acusados, suman 4,3 millones de euros.
