La solicitud presentada por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña para registrar la "marca" Cámara de Comercio de Galicia ha caído como un jarro de agua fría sobre las otras ocho entidades existentes en la comunidad autónoma y sobre el Consello Galego de Cámaras que "de manera conjunta" se opondrán a este registro, según confirmaba ayer el presidente en funciones de la Cámara pontevedresa, Eduardo Barros.

"Me consta que se pedido el registro del nombre, que es como una marca comercial" explicaba el presidente de la entidad pontevedresa, que también reconocía que la actuación de la entidad coruñesa había sentado "mal". Eduardo Barros reprocha a la Cámara norteña que hubiese solicitado la inscripción "sin consultar con nadie, ni comentar el tema siquiera en el Consello Galego".

El malestar de las entidades gallegas tiene mucho que ver con el hecho de que el futuro de las instituciones camerales está pendiente de definición y en este proceso no se descarta que pueda haber una reestructuración territorial que incluya supresiones y/ fusiones.

En este contexto sitúan algunos el paso adelante dado por A Coruña, máxime cuando en meses pasados se habló sobre la posibilidad de que las nueve entidades gallegas (Pontevedra, Vilagarcía, Vigo, Tui, Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense) den paso a cuatro instituciones provinciales, una por territorio o, incluso, y de ahí la inquietud, que se fije una cámara por comunidad autónoma con oficinas provinciales.

La nueva y esperada Ley de Cámaras marcará un antes y un después en la actual indefinición ya que la norma establecerá cuestiones básicas como las funciones que tendrán, sus competencias y el modelo de financiación. La internacionalización, la educación dual y los servicios empresariales se perfilan como bases de su razón de ser.