La señalización que utiliza el Concello para limitar, de forma permanente o temporal, el estacionamiento en las calles de la ciudad, se ha convertido en los últimos tiempos en una fuente de conflictos judiciales, en muchos casos generados por los conductores sancionados para librarse de una multa que consideran injusta. Mucho más reciente que el caso del uso del gallego, que ya es de 2010, es una sentencia de febrero de 2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, que anuló la sanción impuesta por la Policía Local a un pontevedrés, multado por estacionar su vehículo en una zona restringida mediante señales provisionales, utilizadas habitualmente para prohibir el aparcamiento en calles afectadas por zafarranchos de limpieza, poda de árboles y otras intervenciones puntuales.
