Al menos 175 edificaciones levantadas en terrenos marítimo-terrestre en Pontevedra ocupan esa franja litoral sin disponer de autorización o permiso alguno para ello. Así se pone de manifiesto en el inventario provisional de ocupaciones de la Costa que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, según acaba de hacer público el Gobierno central en el Congreso de los Diputados. El ministerio responde de este modo a una pregunta del parlamentario del PSOE por Pontevedra, Guillermo Meijón. En esa pregunta se reclamaban datos concretos sobre las "instalaciones, edificaciones, urbanizaciones, núcleos de población o cualesquiera otro tipo de construcciones susceptibles de ser utilizadas como viviendas, situadas en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) o dentro de la servidumbre de protección que están al margen de cualquier figura legal de ocupación o propiedad" y que además de ser totalmente ilegales con la Ley de Costas de 1988, tampoco lo estarán con la reforma en marcha.
La respuesta de Medio Ambiente no es tan precisa como exigía el PSOE, pero si detalla que "se está realizando un inventario de las ocupaciones existentes en el litoral español" y con los datos provisionales, en la provincia de Pontevedra "hay unas 170 concesiones vigentes", todas ellas susceptibles de ser prorrogadas. En concreto son 171. Además, "se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Pontevedra hay unas 175 viviendas que carecen de título habilitante necesario". Apostilla de que con la nueva ley en marcha "una vez revisados los deslindes, será preciso determinar el número de viviendas afectadas y la posibilidad de obtener una concesión". No las detalla por municipios, como se pedía en la pregunta socialista, un grupo que aún tiene pendiente desde hace unos meses una respuesta referida a las empresas.
Núcleos en la comarca
En principio, este inventario de Costas se refiere a inmuebles absolutamente ilegales y no tendría que ver con las viviendas afectadas por el conflicto de los núcleos del litoral, toda vez que en este caso, solo en la provincia la Xunta calcula que la nueva Ley de Costas permitiría regularizar la situación de al menos 2.500 viviendas en 126 núcleos, de los cuales cuatro corresponden a Marín, once a Poio, tres a Pontevedra, uno a Sanxenxo y tres a Vilaboa. Al respecto, la Consellería de Medio Ambiente explica que estos inmuebles se ubican en zona de servidumbre de protección de costas, no directamente en suelo marítimo-terrestre. Esa franja se reduciría de 100 a 20 metro de ancho. Esta medida no incluiría a las 175 que, según Costas, carecen de titulo habilitante alguno, es decir, se ejecutaron sin licencia, permiso o autorización de ningún tipo al borde del mar.
Esas 175 viviendas sitúan a Pontevedra por delante de las otras dos provincias costeras gallegas, ya que en A Coruña se contabilizan 130 casos y otros 25 en Lugo. No obstante, el litoral pontevedrés presenta un panorama mucho más razonable que en muchas otras provincias españolas. Este mismo inventario provisional de Costas pone de manifiesto que hay 1.100 viviendas totalmente ilegales en Málaga, más de 1.600 en Huelva, por encima de las dos mil solo en cuatro de las siete islas del archipiélago canario, 525 en Murcia o 500 en Valencia, por ejemplo. La relación no incluye las tres provincias costeras catalanas, ni Asturias ni los casos de Ceuta y Melilla.
Concesiones
En todo caso, Pontevedra sí aparece en un lugar destacado, toda vez que hay territorios como Cantabria (75 casos), Guipúzcoa (sin ninguno), Cádiz (50) o Vizcaya (75), en mejor situación. De hecho, su ubicación en el ranking es parecido al que ocupa por número de concesiones en toda España, que es el puesto 11 de 25 demarcaciones costeras.
Según unos datos aportados a finales del pasado año por el Ministerio de Medio Ambiente, al menos 171 titulares de otras tantas concesiones tendrían derecho, con la futura Ley de Costas, a solicitar la prórroga de este permiso por 75 años más desde su fecha máxima de caducidad, en 2018.
Entre esas concesiones, el Estado incluye la de Ence en Lourizán, si bien aclara que en este caso esa ampliación hasta el año 2093 "no es automática", ya que depende de un informe previo de la Xunta, una exigencia que afecta únicamente a "ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera". Conserveras, astilleros y usos particulares, por tanto, no entran en esta excepción y podrán solicitar esa prórroga automática. Esta era la versión de diciembre pasado, pero ya ha variado desde entonces al incorporarse en el debate parlamentario una cláusula que deja esa decisión en manos del Gobierno central por razones de "interés general". De esas 171 concesiones tan solo 31 estaban, con la aún vigente Ley de Costas, afectadas por el denominado "efecto 2018" (que declaraba caducados esos permisos en ese año), lo que supone el 20,4% del total.
