Luciano Fariñas, conselleiro maior del Consello de Contas de Galicia, comunicó por escrito a los trabajadores de la Cámara de Comercio de Pontevedra (hoy tres de ellos extrabajadores) que denunciaron la existencia de supuestas irregularidades en la gestión de la entidad, el pasado 19 de diciembre ante la Xunta y un mes más tarde ante Fiscalía, que la auditoría que están llevando a cabo desde finales del pasado año obedece al plan de fiscalización cameral trazado en el año 2011 para evaluar la viabilidad de los distintos organismos de la comunidad.
Así mismo les informa que sus denuncias, que le fueron trasladadas hace un mes desde la Xunta, han sido reenviadas a las consellerías que entiende que son competentes para evaluarlas y que no son otras que las de Economía e Industria y de Facenda.
De acuerdo con la información facilitada por los denunciantes, el responsable del Consello de Contas considera que las sospechas evidenciadas de un presunto menoscabo del patrimonio de la Cámara pontevedresa deberá ser comprobada por el departamento de Economía e Industria, en tanto en cuanto, es la administración que tiene las competencias de tutela sobre las entidades camerales y la potestad para exigir las responsabilidades (civiles o penales) a las que hubiere lugar.
Por otra parte el titular del Consello de Contas considera que la existencia de posibles irregularidades en la organización y financiación de eventos subvencionados por la Unión Europea (UE) debe ser investigada por Facenda. No es ajena a esta recomendación el hecho de que es este departamento el que tiene que responder ante el Estado y ante Bruselas por el uso debido o indebido de sus fondos.
La comunicación del Consello de Contas llegó a manos de los denunciantes el pasado viernes y ayer mismo lo hacía un escrito de la Dirección Xeral de Comercio en el que les informaban que habían dado traslado de sus denuncias, con fecha 5 de febrero, al Consello de Contas y la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia para que adoptasen las medidas que consideren oportunas. "Nada se dice de que, al menos el Consello de Contas ya ha respondido" apuntaban ayer los denunciantes.
Recorridos
Mientras las denuncias por supuestas irregularidades en la gestión prosiguen su lento recorrido administrativo, estas mismas denuncias, a las que se añaden las de un cuestionamiento de la legitimidad de órganos de gobierno, han iniciado un periplo judicial. Un frente, este último, en el que se acumulan al menos cinco demandas, sumando las de los trabajadores y las de un vocal cameral, y que afectan a dos jurisdicciones: la Penal y la Social, pues tres empleados despedidos han presentado contenciosos reclaman la nulidad de sus rescisiones laborales al entender que son fruto de una "represalia".
