El único documento firmado entre la Xunta y el Concello sobre las sedes autonómicas es ya antiguo. Es un protocolo de enero de 2009, firmado por el conselleiro de Facenda de entonces, Xosé Ramón Fernández Antonio, y la concejala de Urbanismo del anterior mandato, Teresa Casal, socialistas ambos. En ese documento se acordó, al menos sobre el papel, la desafección de las sedes de Michelena, de Montero Ríos y de Benito Corbal, en este último caso con la pretensión de recalificar el solar para levantar un edificio de viviendas. Sin embargo, esta vía está en suspenso, pese a la envidiable ubicación del solar, a escasos metros de la "milla de oro" de Benito Corbal.
Entonces quedó resuelto el caso de la delegación de Educación, que pasó a propiedad municipal, para su entrega posterior a la Diputación, mientras que Michelena 30 es utilizada por el Concello desde hace unos años sin que se haya aclarado si la Xunta contra algún tipo de alquiler o una posible fecha de conclusión, que se prevé lejana a la vista del fracaso de la "operación Bellas Artes" para convertir el viejo cuartel de San Fernando en el centro de operaciones del ayuntamiento.
