El intríngulis del deslinde entre Poio y Pontevedra
El deslinde entre Poio y Pontevedra tiene su intríngulis. Entre lo que cuentan unos y lo que susurran otros, al menos hay tres cosas claras: Primera, que el acuerdo no parece tan cercano como se desprendía de la postura inicial de Vicente García Legísima, la voz del gobierno municipal en la comisión capitalina. Segunda, que las partes directamente implicadas son muchas más de las que se apuntaron inicialmente y las comunidades de montes no están por conformarse con cualquier acuerdo. Y tercera, que pase lo que pase en las reuniones previstas, los equipos de gobierno de ambos municipios no van a abrir ningún frente bélico. El meollo de la cuestión está en vislumbrar si el consenso buscado sobre esa línea roja entre Poio y Pontevedra será finalmente posible o entrará en otro callejón sin salida como ocurre entre Marín y Pontevedra.
Prórrogas que son licitas pero no son modélicas
Jacobo Moreira ha destapado la segunda prórroga que el Ayuntamiento ha firmado para el servicio de mantenimiento de zonas verdes. El portavoz del PP considera irregular esa medida porque soslaya la convocatoria de un concurso y porque desoye el informe en contra de los técnicos municipales. Y la concejala de parques y jardines Anxos Riveiro ha replicado que tal medida cuenta con amparo legal y supone un ahorro considerable. Este mismo argumento sirvió en su día para prorrogar el servicio de la grúa y el servicio de limpieza y recogida de basura. Y pronto llegará la prórroga del presupuesto municipal, salvo sorpresa de última hora. El meollo de la cuestión está en valorar si ese uso y abuso de unas prórrogas que son licitas, pero no modélicas, tiene un fondo perverso que deja bastante que desear.
El ORAL abre la veda de la caza al moroso
El pago fraccionado hasta en diez mensualidades es la última fórmula que acaba de sacarse de la manga el ORAL para hacer más llevaderos los pagos de las deudas de los morosos que piensa descubrir en su próxima campaña. Primero fue Raimundo González quien anunció una lucha contra el fraude del IBI en Pontevedra, y ahora es Rafael Louzán quien avisa lo propio con respecto a todos los municipios que tiene a su cargo el ORAL. Lo cierto y verdad es que el acoso fiscal está revelándose como inversamente proporcional a la situación económica: a mayor bonanza, menor presión y viceversa, cosa que resulta un tanto asombrosa. El meollo de la cuestión está adivinar si de verdad van a descubrirse tantos morosos, y entender cómo es posible tanta dejadez por parte de unos ayuntamientos que no cumplen con sus obligaciones.
