La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que otorga validez al contrato específico entre Pontevedra y Sogama que permite a la capital pagar la mitad que los demás concellos por el tratamiento de sus basuras ha sembrado la inquietud en el seno de la empresa pública. Sogama busca algún tipo de "alternativa jurídica" para evitar que este fallo, que perdona una deuda municipal de 300.000 euros del año 2008 y contra el que no cabe recurso ordinario alguno, se convierta en un precedente que anule los tres millones de euros aún pendientes de discusión acumulados entre 2009 y 2012.

Este fallo del TSXG ha sido calificado como un "punto de inflexión" por parte del gobierno local ya que, según sus datos, es el primero que "entre en el fondo del asunto", al aceptar la cláusula energética que utiliza Pontevedra por la cual el canon por tonelada de basura se reduce en función de las subidas generales de la energía. De este modo, Sogama reclama unos 55 euros por cada tonelada pero la capital paga poco más de treinta, una diferencia que ahora tiene el aval judicial.

Por ello, la Consellería de Medio Ambiente señaló que "la Xunta acata pero no comparte la sentencia del TSXG que obliga a Sogama a cobrar la gestión de la basura de Pontevedra separándose del criterio del canon único que esta empresa pública tiene establecido para todos los concellos". Añade que "la sentencia no tiene en cuenta otra dictada por el mismo órgano en 2008 en la que se reconocía el derecho de Sogama al total ingreso de las cantidades adeudadas en concepto de canon unitario, condenando al Concello de Pontevedra al abono de las mismas con los correspondientes intereses".

Según la Xunta "es irrenunciable el canon único de Sogama, que garantiza los principios de equidad, solidaridad y equilibrio territorial en el tratamiento de los residuos sólidos de Galicia" Por ello, "a pesar de que frente a este fallo judicial no cabe recurso ordinario, Sogama está analizando en estos momentos las posibles alternativas jurídicas a su alcance para hacer valer sus derechos".

Uno de los fundamentos de la sentencia del TSXG dice que "resulta patente que aquella entidad público-empresarial (Sogama) desde luego no se atuvo al fijar los precios de las facturas emitidas a aquellas específicas pautas revisoras anuales reseñadas" en el contrato con Pontevedra "sin que desde luego se justifique en modo alguno ni la variable del importe del precio de la energía ni desde luego su incidencia en la determinación del correspondiente canon".

Tras este pronunciamiento judicial, el gobierno local confía en que Sogama acepte retomar unas negociaciones que nunca tuvieron éxito en intentos anteriores con el fin de zanjar una batalla que comenzó hace años y por la cual Pontevedra aparece siempre figura entre las entidades "morosas" son Sogama. En mayo pasado la Consellería de Medio Ambiente, cifraba la deuda vencida del Concello de Pontevedra en 2.738.005,42 euros, la segunda más elevada después de la Mancomunidade de O Morrazo. El gobierno local, además de recordar que "ya hay sentencias favorables a nuestras tesis" insiste en que "Pontevedra es un concello que paga puntualmente sus facturas a Sogama (si bien a un precio mucho más reducido del que exige la empresa), algo que no pueden decir todos los ayuntamientos, pero las críticas siempre van dirigidas al mismo".