Una posible huelga de los abogados de oficio cobra fuerza ante la falta de respuesta por parte de la Xunta

Denuncian que la actual normativa en vigor les obliga a prestar asistencia jurídica sin conocer si finalmente percibirán sus honorarios

09.03.2013 | 00:00
Ramón Jáudenes. // Gustavo Santos
Ramón Jáudenes. // Gustavo Santos

La posibilidad de una huelga de los abogados de turno de oficio que provocaría el colapso del servicio de justicia gratuita en Pontevedra está cada vez más cerca de ser una realidad. El Colegio de Abogados volvió a plantear ayer esta medida de presión ante la falta de respuesta a las demandas planteadas de forma reiterada a la Xunta por parte de este colectivo profesional. El lunes celebrarán una junta general extraordinaria para analizar esta posibilidad.

El pasado mes de diciembre los letrados pontevedreses dieron un "plazo improrrogable " de dos meses a la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Xustiza para solucionar "de manera definitiva los graves problemas" que padece la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Recurso judicial

El Colegio Provincial de Abogados promovió el recurso en la vía judicial contra el decreto 138/2012 que regula este servicio de justicia gratuita en Galicia ya que "la Xunta no aceptó ninguna de las alegaciones efectuadas a su borrador" ni se atendían tampoco "las reclamaciones lógicas y ya tradicionales de los abogados". Entre ellas, piden que se garantice el cobro de la actuación desempeñada cuando sea designado como abogado de oficio a fin de evitar que actuaciones prestadas de forma inmediata y con carácter previo a la tramitación completa del expediente de justicia gratuita acaben por no ser retribuidas. Los letrados recordaron que el abogado de oficio presta un "servicio público de carácter urgente y necesario", siendo la propia administración quien los requiere para intervenciones a las que, actualmente, acuden corriendo el riesgo de no cobrarlas si finalmente la Xunta estima que el usuario no es perceptor del servicio de justicia gratuita.

Los abogados de Pontevedra consideran que las distintas administraciones no solo no están reconociendo el trabajo que desarrolla el turno de oficio (7 de cada 10 usuarios creen que la atención prestada es "buena o muy buena), sino que se están "adoptando medidas que van en contra de la dignidad de la profesión". Aseguran que los profesionales pontevedreses "están muy cansados de esta situación cada vez más insoportable".

Rechazan también la acusación "veladamente lanzada desde determinados sectores de la administración" de que es el dinero lo que mueve esta reclamación de los abogados. Desde el Colegio Provincial, del que es decano Ramón Jáudenes López de Castro, recuerda los múltiples servicios gratuitos que presta el colegio en materia de desahucios u orientación jurídica penitenciaria, por ejemplo, además de innumerables actuaciones y gastos que se realizan para los beneficiarios del turno de oficio.

El detonante de la fuerte crispación que existe entre los abogados del turno de oficio de Pontevedra fue precisamente la entrada en vigor del decreto de la Xunta 138/2012 ya que, pese a que el abogado realiza de forma obligatoria su trabajo, "dicha norma le impide justificarlo ante la administración y cobrarlo hasta que se dicte una resolución expresa reconociendo el derecho del ciudadano a litigar gratuitamente. Pero además, el retraso en la tramitación administrativa de los expedientes por parte de la Comisión de Pontevedra ha supuesto que "no solo no se paguen las asistencia realizadas, sino que la propia administración reclame a los letrados los pagos de las que se efectuaron en el pasado, y en ello sin que la propia administración haya realizado su trabajo, algo que resulta incomprensible y surrealista".

Por ello, piden a la Xunta "sensatez" y vuelven a ofrecer su colaboración para solventar un conflicto antes de que adopten "todo tipo de medidas de presión" como "la baja masiva de los letrados adscritos al turno de oficio", unos 500 en la provincia. Un servicio en el que, además, el número de usuarios ha crecido con la crisis de tal forma que en Pontevedra suman 950 casos cada mes.

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