El conflicto judicial que desde hace años mantienen el Concello y la empresa Sogama por el servicio de tratamiento de las basuras y sus tarifas acaba de llegar a su "punto de inflexión". Así lo aseguró ayer el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo tras dar a conocer la primera sentencia firme que analiza el fondo del conflicto y da plena validez al contrato específico firmado hace más de una década por ambas partes y que esgrime desde entonces Pontevedra para abonar tan solo el 54% de lo que Sogama factura por sus servicios. La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), revoca un fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra (favorable a la empresa pública y que recurrió el gobierno local) y exime al Concello de pagar alrededor de 300.000 euros que Sogama reclamada como deuda por las facturas entre agosto y diciembre de 2008.

El contrato entre Pontevedra y la compañía se firmó en junio de 1997 y se amplió en marzo de 1999. En él, además de establecer un canon de 4.500 pesetas por tonelada (revisable año a año), se incluye una cláusula por la cual ese precio es "inversamente proporcional al precio de la energía (a mayor precio de la energía, menor canon)", según detalla la propia sentencia. Esta cláusula, que ahora valida el TSXG y que no se aplica a ningún otro municipio adherido, no es aceptada por Sogama desde que en 2004 se pactó con la Fegamp una tarifa única para todos los concellos.

De esta forma, según los datos de González Carballo, mientras la compañía factura en la actualidad sus servicios a un precio de 59,7 euros por tonelada enviada a la empacadora de Ribadumia o a la planta de Cerceda, Pontevedra solo abona 32,5 euros. Esta diferencia de más de 27 euros por cada mil kilos es la que Sogama reclama mensualmente y que ha generado una deuda que ronda los tres millones de euros. De hecho, cuando se dictó la sentencia ahora revocada, en mayo de 2012, la Consellería de Medio Ambiente, cifraba la deuda vencida del Concello de Pontevedra en 2.738.005,42 euros, la segunda más elevada después de la Mancomunidade de O Morrazo y acumulada durante años debido a las discrepancias entre las dos partes sobre la tarifa final.

Con este fallo del TSXG referido a 2008, ya están resueltos todos los ejercicios anteriores hasta esa fecha, entre ellos un montante de más de dos millones de euros del que también se libró Pontevedra porque Sogama acudió a la vía judicial fuera de plazo. No obstante, aún restan por resolverse en los tribunales las facturas pendientes desde entonces, entre 2009 y 2012, ya en el juzgado, y lo que pueda llegar en el futuro salvo que esta sentencia marque un precedente y obligue a abrir negociaciones entre ambas partes. Todos los intentos anteriores de llegar a un acuerdo fracasaron.