Uno de los colectivos más beligerantes con el proyecto de Acuanorte fue la comunidad de montes de Mourente, que alegó que uno de los depósitos previstos, en el monte do Castro, afectaba a un yacimiento arqueológico próximo, por lo que pidió su traslado, además de reclamar que las tuberías discurrieran por los caminos y no por las fincas y otras demandas. Ninguna de ellas ha sido afectada y el depósito de Castrosenín se ejecutará en su emplazamiento original.

En cuanto a las afecciones al patrimonio histórico, Acuanorte replica que no hay ningún informe oficial que advierta de posibles daños, mientras que se ofrecen varias razones para que las tuberías no discurran por los caminos, al contrario de lo que sí ocurrirá en Poio, al instalarse bajo la PO-308. Así, la empresa pública señala que colocar los tubos en viales públicos genera problemas como la ampliación del tiempo de obras, riesgos de estabilidad al pasar el tráfico por encima y baches en las tapas de acceso.

Hasta el próximo mes de abril previsiblemente, Acuanorte no podrá poner en marcha el proceso de expropiación de los terrenos necesarios, toda vez que aún se encuentre en trámite la adjudicación de esa actividad a una empresa especializada. En la actualidad se analizan las trece ofertas disponibles para la gestión de los procedimientos expropiatorios en la margen derecha de la ría.

Según el expediente expuesto en su día, el proyecto afectará, por el momento, a 658 fincas, especialmente en el término municipal capitalino y obliga a expropiar 124 de ellas, que suman más de 32.000 metros cuadrados, en muchos casos de particulares, pero también con una significativa presencia de seis comunidades de montes: Lérez, Castro Lampán (Bora), Verducido, Mourente, Santa María de Xeve y Cerponzóns. Además, la relación de bienes y derechos afectados incluye miles de metros cuadrados de servidumbres de paso y de ocupaciones temporales.