Decisiones judiciales ponen en entredicho el futuro de la rada

Placeres abrirá procedimientos penales contra quien incumpla las sentencias del Puerto y los pasos a nivel

Dan este paso después de 13 años de batallas en el ámbito Contencioso, cansados de que no se ejecuten los fallos judiciales - Costean un estudio ambiental de la ría pues creen que existe un delito ecológico con los rellenos

05.03.2013 | 07:29
Un agente interviene en las protestas que se produjeron en 2001 para impedir el paso del tren por la plaza de Placeres. // Rafa Vázquez
Un agente interviene en las protestas que se produjeron en 2001 para impedir el paso del tren por la plaza de Placeres. // Rafa Vázquez

La Plataforma Defensora de la Plaza de Os Praceres advierte de que abrirá la vía penal ante los constantes retrasos en la ejecución de las sentencias firmes favorables a este colectivo (hablan de hasta nueve fallos judiciales favorables, dos de ellas incluso del Constitucional). De entre estas sentencias, las más representativas son las que ordenan demoler 290.000 metros cuadrados de rellenos y edificaciones en el Puerto de Marín o la retirada de los pasos a nivel de la plaza de Placeres. Eladio Torres, portavoz de este colectivo, asegura que quien incumpla de nuevo los fallos judiciales será acusado formalmente por este colectivo de la comisión de un delito.

Torres recuerda que el propio auto del TSXG -en el que se emplaza al Puerto a comunicar antes de 20 días qué medidas ha tomado para dar cumplimiento al fallo que declara ilegales los rellenos- advierte de la posibilidad de que se pueda imputar un posible delito de desobediencia a los responsables portuarios si no se da cumplimiento a este mandato judicial. Considera que esta misma doctrina es aplicable con el Ministerio de Fomento en lo que respecta a la sentencia de los pasos a nivel, firme desde 2007. De hecho, en los escritos remitidos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que condenó al Ministerio, la Plataforma ya exige la imposición de multas coercitivas si se sigue sin ejecutar la sentencia.

"Trece años de buena fe"

Torres aseguró que acudir al orden de lo Penal es una alternativa que hasta el momento siempre intentaron evitar "en un ejercicio de buena fe y haciendo gala de un sentido de la responsabilidad intachable", con el objetivo de buscar una solución negociada a sus reivindicaciones. Sin embargo, asegura que al colectivo vecinal no le queda otro camino cansados después de 13 años de batallas judiciales en el orden de lo Contencioso (todas ellas ganadas a la administración) y después de una larga espera sin que se ejecuten sentencias que son firmes. Tras la última decisión judicial comunicada por el TSXG al Puerto, los vecinos dicen estar seguros de que la administración "va a intentar confundir a la Justicia una vez más" presentando nuevos recursos. Por este motivo, han decidido abrir la vía penal para evitar que los incumplimientos de los fallos judiciales se prolonguen indefinidamente. "Aquí parece que la única vía para que alguien se dé por enterado es que la Guardia Civil acabe entrando en algún organismo", añade Torres. "Toda la gente que no cumple con las sentencias judiciales firmes y que se reúne para vulnerarlas tiene un nombre: es una trama organizada". Señaló además que hay responsables de la demora en la ejecución de las sentencias por acción pero también "por omisión". En este sentido culpó a los regidores de Marín y Pontevedra de "guardar silencio" y "callarse" ante el incumplimiento sistemático de los fallos judiciales favorables a los vecinos de Placeres y Lourizán. También reprochó a PP, PSOE y BNG que ninguno de ellos haya preguntado "en ningún foro político" (Parlamento Autonómico o Estatal) qué ocurre con estas decisiones judiciales.

La Plataforma de Placeres añade que se podrían iniciar acciones legales en el ámbito de lo Penal por entender que "la concesión de licencias en unos terrenos que se sabe que son ilegales podría ser constitutivo de algún delito".

No obstante, la iniciativa más ambiciosa que tiene entre manos actualmente la Plataforma Defensora de Os Praceres en colaboración con otros colectivos vecinales es un estudio ambiental "reglado y serio" sobre el impacto ecológico que han tenido los rellenos ilegales del Puerto y que, según explica, han variado "la dinámica litoral de la ría". Un trabajo cuyas conclusiones podrían ser la base para iniciar acciones judiciales por un supuesto delito ecológico. Eladio Torres desveló que esta iniciativa "la están costeando los vecinos de Lourizán y Placeres de su propio bolsillo, está en marcha y ya se han pagado los primeros plazos".

El portavoz de la Plataforma de Os Placeres también cuestionó actuaciones portuarias ya en marcha como "las voladuras submarinas que el propio Puerto está haciendo", según se recoge en los medios de comunicación.

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