De vuelta y media

La sede que la Caja no inauguró nunca

El gran escándalo que en 1948 sacudió los cimientos de la Diputación, su institución fundadora, aplazó sine die la puesta de largo tan anhelada por la entidad ahorrativa

03.03.2013 | 07:10

La Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra había fijado para aquel domingo, 29 de febrero de 1948, el acto más importante de toda su historia desde el inicio de su actividad el 20 de enero de 1930: la inauguración oficial de su primera sede propia.
La cuenta atrás había empezado cuatro años antes, cuando la institución adquirió en abril de 1944 un edificio en construcción a Josefa Villaverde Touceda, José Benito Villaverde Solla y Secundino Ruibal Guimil por la cantidad de 100.000 pesetas. A este pago se sumó otro por importe de todas las certificaciones de las obras ya realizadas.
El inmueble ocupaba un solar de 200 metros cuadrados en la plaza de San José (entonces llamada de Calvo Sotelo) y respondía a un proyecto en cantería de aspecto noble, con bajo y cuatro plantas, según el proyecto elaborado por Emilio Quiroga Losada, que marcó una época como arquitecto municipal.
Cuando el edificio estuvo prácticamente terminado, el consejo de administración de la entidad acordó repartir sus dependencias entre la primera y la segunda planta, al tiempo que optó por dedicar la tercera y cuarta planta a oficinas y viviendas en régimen de alquiler, y dejó pendiente el uso final del sótano.
La Caja contaba entonces con diecinueve agencias y sucursales en toda la provincia, y tenía 6.719 impositores o imponentes, cuyos ahorros superaban los dieciséis millones de pesetas.
Después de dieciocho años de actividad continuada, que equivalían a su mayoría de edad, por fin la entidad se desvinculaba físicamente de su institución fundadora, la Diputación de Pontevedra. A partir de entonces abandonaba para siempre su ubicación provisional en la planta baja del Palacio Provincial y se instalaba en un edificio propio y adaptado a sus usos y necesidades.
Una entrada giratoria, tras superar la puerta principal de hierro forjado, daba paso a todas las dependencias de atención al público tras un gran mostrador semicircular de fina madera recubierta de mármol, con columnas y suelos del mismo material. Y en la planta superior estaba el despacho de dirección y la sala de juntas, con paredes recubiertas en madera de caoba. La decoración y el mobiliario se habían encargado a la Casa Feduchi, de Vigo, que gozaba de un prestigio bien ganado por su reconocida calidad y buen gusto.
Todo se había dispuesto para la ocasión durante las últimas semanas con sumo cuidado para lograr un realce acorde con aquella celebración tan anhelada. Sin embargo solo veinticuatro horas antes de la fecha señalada, la Caja anunció de forma muy lacónica el aplazamiento de la inauguración oficial de su nueva sede, con la excusa de facilitar la asistencia de "diversas jerarquías nacionales" en mejor ocasión.
El lunes 1 de marzo de 1948, las oficinas centrales se abrieron al público con toda normalidad y nadie se extrañó más de lo debido por aquella brusca suspensión. Pero algunos días después corrió por la ciudad que era lo que había pasado en realidad, más allá de un descuadre inoportuno en las agendas oficiales. En verdad el horno no estaba para bollos aquellos días, hace ahora sesenta y cinco años.
La Diputación Provincial, entidad fundadora y protectora de la entidad ahorrativa, se vio inmersa en el mayor escándalo de su historia centenaria, con el Servicio Provincial de Repoblación Forestal en el ojo del huracán.
Un magistrado juez especial abrió auto de procesamiento por presuntos delitos de falsificación, estafa y malversación de fondos públicos, y un delegado especial del Ministerio de la Gobernación hizo lo propio para depurar responsabilidades administrativas. Al cabo de tres meses de celosas investigaciones, el presidente de la Diputación y de la Caja, Rafael Picó Cañeque, no tuvo otra salida que presentar su dimisión.
Como si de una maldición bíblica se tratase, un año después la Caja se vio contagiada de aquellos tremendos males. Una inspección del Ministerio de Trabajo derivó en una intervención por decreto en toda regla, con el nombramiento de un comisario y la suspensión de todos los miembros del consejo de administración.
Aquella interinidad se prolongó por espacio de un año, y concluyó con la imposición de Gaspar Gil Muñoz como nuevo director, y con la marcha de Daniel de la Sota y Casiano Pelaéz, los consejeros más incómodos que nunca se doblegaron a las imposiciones gubernamentales y defendieron hasta el final la independencia de aquella pequeña gran Caja que tanto añoran hoy muchos pontevedreses.
Una vía para dinamizar los plenos municipales
? Las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Pontevedra no son como las de antes; no tienen ni su interés, ni su vivacidad, salvo en contadas excepciones en que prima el insulto y la desvergüenza. Esto resulta tan obvio que no lo niega ni el alcalde Lores, que es el miembro más antiguo de la corporación municipal y hace un cuarto de siglo se batía el cobre en solitario, forzando al máximo la regulación imperante. Él mejor que nadie entiende hoy esa prisa que tiene Xoán Hermida y su Espazo Ecosocialista por dejarse oír antes de tiempo en la política municipal. El meollo de la cuestión está en saber si este partido integrado en Anove de Xosé Manuel Beiras aprovechará el resquicio abierto por el secretario municipal para presentar mociones en los plenos a través de una asociación ciudadana aceptada en el registro municipal.
El nuevo rumbo que toma el caso de Sonia Iglesias
? El meollo de la cuestión está en intuir que es lo que busca el fiscal jefe Juan Carlos Aladro con esa petición formal que ha planteado para que el caso de la desaparición de Sonia Iglesias cambie de juez y pase al ámbito de la violencia sobre la mujer. A la espera de una respuesta por parte del instructor para que acepte o no su inhibición, detrás de este cambio de estrategia pueden intuirse algunas cosas preocupantes para Julio Araújo. Porque sobre la pareja de Sonia Iglesias ya pesa una imputación por un presunto delito de detención ilegal, como resultado de una comparecencia judicial donde el fiscal se mostró muy incisivo. Aunque un delito de detención ilegal no es lo mismo que un homicidio o un asesinato, conlleva una pena que puede llegar a los diez años de cárcel.
La revuelta de alcaldes del PP por su recorte salarial
? No ha sido la primera vez que Rafael Louzán y Alfonso Rueda han tenido que arremangarse bien para calmar las iras de los alcaldes del PP. Sin cortarse un pelo, a pesar de la controversia social abierta en torno al dinero que ganan los políticos y que produce escalofríos a unos y otros, los alcaldes populares han dicho que con las cosas de comer no se juega y que hasta aquí hemos llegado. No están en absoluto de acuerdo con los recortes del borrador de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y hasta han puesto un precio a su trabajo: no menos de 40.000 euros al año. El meollo de la cuestión está en adivinar que es lo que puede hacer el PP gallego para cambiar un proyecto que lleva la firma del secretario de Estado, Antonio Beteta, uno de los políticos más rocosos e inflexibles del Gobierno actual.
Casiano Peláez, el último director no profesional
Casiano Pelaéz Merino era el propietario de El Globo, el comercio de ropa más emblemático de la calle de la Oliva, cuando en 1934 fue elegido miembro del consejo de administración de la Caja en representación vecinal.
Esta designación constituye una muestra del gran prestigio social que gozaba en esta ciudad. José Luís Peláez Casalderrey era conocido en su juventud como "el hijo de Casiano" y ese aval familiar le ayudó mucho en su carrera política hasta la presidencia de la Diputación y de la Caja.
Peláez Merino fue el director más estable que tuvo la Caja en sus primeros veinte años de actividad financiera, y desempeñó esa importante responsabilidad en dos ocasiones: primero entre 1934 y 1940, y más tarde entre 1946 y 1950, siempre como consejero-director; es decir, como director no profesional, el formato que prevaleció durante todo ese tiempo.
En plena guerra civil, Peláez Merino planteó por primera vez la operación de compra de un local céntrico para instalar las oficinas centrales de la Caja en la esquina de las calles Oliva y Riestra. Al final, la adquisición nunca llegó a realizarse y el asunto no volvió a retomarse hasta mediados de los años 40, cuando ya se compró el edificio en construcción.
El aliento final de Daniel de la Sota en la Permanente
Al poco tiempo de asumir en 1948 la presidencia de la Caja en aquel momento tan complicado, Manuel Fontoira optó por reactivar su Comisión Permanante. Hasta entonces, este órgano ejecutivo no había desarrollado ninguna actividad desde el estallido de la Guerra Civil.
Tal y como fijaban los estatutos que Alexandre Bóveda había redactado en su proceso fundacional, Fontoira Peón planteó una Comisión Permanente que "reuniéndose con más frecuencia que el Consejo de Administración, dé trámite y resolución a aquellos asuntos que, ya por su urgencia, ya por su importancia, no precisen ser sometidos a la resolución del Consejo".
Al frente de esta Comisión Permanente hizo su último trabajo ejecutivo Daniel de la Sota, quien ya tenía 71 años, junto al propio director Casiano Peláez Merino y los consejeros César García Solís y José García Vidal. Todos eran buenos amigos y gozaban de notable renombre entre los pontevedreses.
Su primera decisión el 8 de octubre de 1948 fue la recuperación del Monte de Piedad en los bajos de la nueva sede institucional. También concedieron un préstamo de 150.000 pesetas al Tribunal Provincial de Protección de Menores, a solicitud de su presidente, don José Filgueira Valverde.

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