No ha sido la primera vez que Rafael Louzán y Alfonso Rueda han tenido que arremangarse bien para calmar las iras de los alcaldes del PP. Sin cortarse un pelo, a pesar de la controversia social abierta en torno al dinero que ganan los políticos y que produce escalofríos a unos y otros, los alcaldes populares han dicho que con las cosas de comer no se juega y que hasta aquí hemos llegado. No están en absoluto de acuerdo con los recortes del borrador de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y hasta han puesto un precio a su trabajo: no menos de 40.000 euros al año. El meollo de la cuestión está en adivinar que es lo que puede hacer el PP gallego para cambiar un proyecto que lleva la firma del secretario de Estado, Antonio Beteta, uno de los políticos más rocosos e inflexibles del Gobierno actual.
