La justicia emplaza al Puerto a cumplir la sentencia de demolición de los rellenos

Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advierte a la Autoridad Portuaria de que en caso de no ejecutar la orden del Supremo cometería un delito de desobediencia

03.03.2013 | 07:10
Ampliaciones del puerto afectadas por sentencia del Tribunal Supremo. // Noé Parga
Ampliaciones del puerto afectadas por sentencia del Tribunal Supremo. // Noé Parga

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un auto en el que ordena a la Autoridad Portuaria la ejecución de la sentencia de los rellenos ilegales, que obliga a reponer el territorio a su situación anterior. El documento insta a la Administración a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2009, que declara la ilegalidad de dichos rellenos.

Este auto, dictado como respuesta a los recursos presentados tanto por la propia Autoridad Portuaria como por la empresa más afectada (Cabomar Congelados), se acompaña de un apercibimiento en el que se advierte de que en caso de no ejecutar el fallo, la Administración portuaria podría cometer un delito de desobediencia, además de la imposición de la correspondiente multa.

La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal gallego desestima así tanto el recurso presentado por la empresa Cabomar Congelados S.A., que actualmente ocupa la mayor parte de los rellenos ilegales, como también el interpuesto por el abogado del Estado en nombre de la Autoridad Portuaria de Marín.

Plazo de 20 días

El TSXG otorga al Puerto un plazo de 20 días para remitir a la sala de lo contencioso administrativo una copia de las actuaciones realizadas hasta la fecha para cumplir las sentencias previas. "Si no cumpliera el fallo en el plazo aquí señalado podría adoptarse las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, así como la imposición de una multa coercitiva" -expone el auto judicial-, todo ello "sin perjuicio de exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder", añade.

La Autoridad Portuaria y Cabomar Congelados habían presentado recursos de reposición contra una orden previa de ejecución de la sentencia. En el caso del Puerto, se solicitó al tribunal que declarase que "la ejecución del fallo del Tribunal Supremo del 30 de octubre de 2009 no comporta demolición de obra alguna de relleno".

La empresa alegó que no se encuentra ubicada en la zona afectada por la sentencia, sino en una parcela legalizada por un estudio de impacto medioambiental del año 1994.

Supremo

En su resolución, el TSXG asume los argumentos con los que el Tribunal Supremo declaró ilegal todo el relleno y las construcciones que se levantan sobre él. "Declaramos ilegales las obras de relleno del mar en cuanto realizadas al amparo del plan especial aquí impugnado y condenamos a la Xunta de Galicia, a la Diputación Provincial de Pontevedra y a la Autoridad Portuaria del Puerto de Marín-Pontevedra a la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado", indica la sentencia del Supremo.

Se trata de un relleno inicial de unas 30 hectáreas sobre la ría, con la construcción de unos 290.000 metros cuadrados de edificaciones. Una propuesta de ordenación posterior contempla aumentar la superficie portuaria hasta los 764.967 metros cuadrados, mediante la obtención de nuevos rellenos.

La Plataforma Defensora da Plaza dos Praceres, que inició este procedimiento, solicitó al tribunal la paralización inmediata de las nuevas obras de ampliación del puerto, la ejecución de la sentencia del Supremo y que se imponga multa de 1.500 euros al presidente de la Autoridad Portuaria y otra por el mismo importe al director del puerto por incumplimiento del fallo.

Ayuntamiento

Recientemente el Concello de Marín se dirigió también al alto tribunal gallego apelando a la protección de los puestos de trabajo y la actividad económica que genera la empresa Cabomar Congelados, para solicitar que no ejecute la sentencia que supondría el derribo de la nave.

Tanto el Concello como la Autoridad Portuaria intentaron paralizar la ejecución judicial basándose en el impacto social y económico que supondría. El ayuntamiento apela a la necesidad de "evitar la destrucción de la riqueza ya creada", dado que ante un posible cambio normativo "lo que hoy es objeto de demolición mañana podría ser nuevamente construido".

El recurso del Concello argumenta que Cabomar Congelados es una empresa "de trascendental importancia para Marín y toda su área de influencia", ya que es la industria que más empleo genera en el municipio (en la actualidad 174 puestos de trabajo directos), ocupa el séptimo lugar en facturación y disfruta de la tercera posición en cuanto a inversión.

También entiende que una vez aprobada la modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Marín se ha convalidado el recinto como zona de uso comercial.

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